Siguen buscando sin tregua a once desaparecidos en el lugar del estallido

La cantidad de muertos por la explosión tras un escape de gas registrada el martes pasado en el edificio de Salta 2141, el peor desastre en la historia de Rosario, ascendió ayer a diez. Sumando maquinaria de gran porte, los rescatistas continuaban buscando, al cierre de esta edición de La Capital, a once personas en el lugar, mientras que trece permanecían internadas (una de ellas en estado muy delicado). Por su parte, los gobiernos nacional, provincial y municipal acordaron otorgar créditos hipotecarios a los damnificados, luego de que la presidenta Cristina Kirchner (quien dispuso duelo en todo el país por dos días) recorriera el epicentro de la catástrofe y un sanatorio, en el marco de una breve y sorpresiva visita a la ciudad. Paralelamente, los dos detenidos por el hecho, un gasista y su asistente, fueron indagados en Tribunales en una causa por estrago culposo. El Papa Francisco, a su vez, hizo llegar su mensaje de solidaridad con las víctimas y pidió por el "eterno descanso" de los fallecidos.

La intendenta Mónica Fein reafirmó que la prioridad es la remoción de los escombros que dejó la explosión —ocurrida a las 9.40 del martes— "con la esperanza de encontrar a alguna (de las once personas desaparecidas) con vida".

La articulación de la ayuda a los damnificados fue oficializada luego de que la jefa del Estado arribara al helipuerto de Prefectura y se dirigiera directamente, por vía terrestre, a Salta entre Oroño y Balcarce, donde estuvo unos diez minutos. La presidenta acababa de volver de Nueva York (Estados Unidos), donde participó de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En ese sentido, el ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi, ratificó el envío a la ciudad de "500 hombres de Gendarmería y fuerzas de seguridad, entre ellos ingenieros, para trabajar en el lugar".

Los dos detenidos por la explosión fueron indagados, pasadas las 19, en una causa por estrago culposo a cargo del juez Correccional Nº 7, Juan Carlos Curto. "Está acreditado que el gasista (Carlos García) y su ayudante (Pablo Miño) realizaban trabajos de cambio de un regulador en el edificio siniestrado", había afirmado el magistrado antes de encarar el trámite en Tribunales.