Una distancia larga entre el laboratorio y la realidad

El nuevo ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, comenzó a mostrar las cartas con las que jugará su gestión en los próximos meses. En la presentación de su equipo de secretarios y subsecretarios y en las primeras declaraciones a la prensa, procuró inyectar una dosis de optimismo. Elogió la "capacidad de los productores para la incorporación de tecnología". Destacó que hay que retomar las metas y objetivos del Plan Estratégico Agropecuario (PEA), para alcanzar una cosecha de granos de 160 millones de toneladas en 2020, y exhortó a lograr un "mayor valor agregado". Admitió que había que revisar la competitividad de la producción, especialmente de las economías regionales.

Un objetivo similar fue el que expuso el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando refirió que el Gobierno estaba dispuesto a revisar la formación de precios en las cadenas de producción. Reconoció que productores y consumidores podrían verse afectados por las distorsiones.

Estas palabras deberían sonar como música para los oídos del ruralismo, que este año puso énfasis en informar a la ciudadanía que los productores agropecuarios no se estaban beneficiando con los aumentos de precios de los alimentos ya que recibían una ínfima proporción del valor final en góndola. Pese a que esa visión sea compartida con la Comisión de Enlace, la muralla política con el gremialismo rural no se ha derribado. El propio Casamiquela adelantó que se reunirá con los dirigentes por "cadena" y de "manejo territorial", al considerar que la Comisión de Enlace "no representa a todos los productores". De estas palabras resulta evidente que para la presidenta Cristina Kirchner el conflicto de 2008 todavía no está terminado, pese a lo afirmado por ella misma cuando visitó la sede de Coninagro en la campaña presidencial de 2011.