El llamado del campo argentino

Nadie duda, fuera del comportamiento agresivo unas veces y huraño otras del gobierno nacional, de que la representación genuina del campo argentino se refleja en las cuatro entidades agrupadas en la Comisión de Enlace: Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro, esta última vocera del vasto movimiento cooperativo rural. Pero no pudo haber sido la presentación hecha horas atrás por aquellas cuatro instituciones una expresión más acabada e indubitable de lo que ellas importan no sólo para la vida agropecuaria del país, sino también para el resto de una sociedad que comienza a actuar con creciente soltura en los prolegómenos de lo que se interpreta como el cierre de un largo y penoso ciclo político e institucional dentro de los treinta años de la restauración democrática. La desaprensión policial, por justos que hayan sido los reclamos salariales, y los saqueos por turbas han sido una diferenciación marginal de la legalidad de la que se tomó nota en el ámbito rural.

Casi todo el espectro opositor y las principales figuras del empresariado argentino, incluidas algunas que se habían caracterizado por años en la primera fila de aplaudidores en actos kirchneristas, participaron del lanzamiento de un plan de desarrollo hasta 2020, que la Comisión de Enlace confió a expertos de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). En ese trabajo se tuvieron en cuenta contribuciones de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

Allí se hizo saber al mundo, y al Estado nacional en primer lugar, que en los próximos siete años la producción agropecuaria argentina puede saltar de un valor bruto de 71.364 millones de dólares a más de 87.000 millones, y hasta de 100.000 millones, si la política oficial, en vez de asfixiar sus posibilidades inmensas, las alienta o, en todo caso, mitiga las perturbaciones de orden general y particular que de continuo ha perpetrado.