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Se conmemoran 38 años del golpe de estado en Argentina

Un 24 de marzo de hace 38 años marcaría un antes y un después en la historia contemporánea del país.

Por Horacio Aranda Gamboa | Diario BAE

Un 24 de marzo de hace 38 años los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas en connivencia con sectores de la sociedad civil, dieron un golpe de Estado derrocando al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Ese día marcaría un antes y un después en la historia contemporánea del país. Secuestros, torturas, desapariciones, apropiación de menores y el desapoderamiento de bienes fueron una constante con la que se buscó aniquilar todo vestigio “subversivo” en pos de los “sagrados intereses de la patria”. La maquinaria del terrorismo de Estado fue una herramienta sistemática para la persecución política que llevó al exilio a millares de personas. La dictadura, con el general Jorge Rafael Videla ya como presidente elegido por la junta militar, buscó esconder las atrocidades cometidas, mientras los centros clandestinos se diseminan por el país y la aparición de cuerpos mutilados o con evidentes signos de torturas se comenzaron a multiplicar, mientras las denuncias de los familiares de las víctimas buscaban romper el cerco informativo. Será recién en el marco del Mundial de Fútbol de 1978 que la dictadura comenzó a quedar al desnudo y el repudio internacional se hizo escuchar. El Estado, que debía velar por la integridad de sus ciudadanos y resguardar sus derechos, era el responsable de diezmar a una generación, mientras las jerarquías eclesiásticas y los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, hacían la vista gorda o negaban lo sucedido.

En medio de esas atrocidades, un puñado de mujeres ocupó la Plaza de Mayo y se metió de lleno en la historia, dando nacimiento a las asociaciones Madres y Abuelas que, implacables en sus denuncias, comenzaron a cambiar el paradigma en la pelea por los derechos humanos. Atrás quedó la visita de la CIDH y su informe demoledor. Atrás quedó la derrota de Malvinas y el repliegue de los uniformados que no se cansaban de negar sus crímenes pero elucubraban una ley de autoamnistía. Atrás quedó el retorno de la democracia con Alfonsín juzgando a las cúpulas pero exonerando a través de las instrucciones a los fiscales militares y con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los mandos medios. Y atrás quedaron los indultos “pacificadores” de Carlos Menem.

La voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner que decidió derogar los engendros de las denominadas leyes del perdón y los indultos e impulsó los juicios, las causas por crímenes de lesa humanidad son una constante, pero estos avances fundamentalmente fueron merced a la lucha de los familiares y de los organismos de derechos humanos que nunca bajaron los brazos y con sus reclamos se encargaron de enderezarle a la mesa chueca de la democracia la pata de la justicia. Hoy los genocidas y represores, junto a sus cómplices civiles –empresarios, ex jueces y fiscales y religiosos, entre otros– recorren los tribunales recibiendo condenas. Aún no están todos los que son, aún falta conocer el paradero de los 400 niños apropiados y resta que muchos de los integrantes del Poder Judicial logren calibrar con exactitud el significado de la lucha por memoria, verdad y justicia, para que estos horrores no se repitan nunca más.

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