Fitosanitarios: la industria refuerza el canal de las buenas prácticas

Distribuidores, productores y operarios están incluidos en planes de capacitación en el buen uso de tecnologías.

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Fitosanitarios: la industria refuerza el canal de las buenas prácticas
02deMayode2014a las10:00

Tras su designación como director ejecutivo de CropLife Latin America para el Cono Sur, el argentino Juan Cruz Jaime aclara que su nueva misión a escala regional llega con avales bien locales: buscará replicar en los países vecinos “las experiencias exitosas” que lo tuvieron de actor en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), la unidad argentina que agrupa a las empresas de tecnología en agroquímicos.

En diálogo con La Voz del Campo , enumeró que los proyectos se relacionan con la interrelación público-privada, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la gestión profesional en la comunicación de las cámaras del sector.

Durante la entrevista, menciona el sitio www.agroresponsable.org, creado por Casafe para responder consultas del ciudadano común, en especial sobre fitosanitarios e impacto ambiental. “Las empresas de Casafe cumplen permanentemente con las regulaciones, tanto municipales como provinciales y nacionales. Nuestra industria es la más regulada en el sector agropecuario argentino”, advierte.

En Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), explica que no sólo incluyen al productor. También a los distribuidores y operarios rurales. En este caso, Casafe acaba de firmar un convenio para capacitación sobre manejo seguro y responsable de fitosanitarios con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), que preside Gerónimo Venegas.

En su plan estratégico 2011/2015 en el país, Casafe se focalizó en diferentes pilares: el ambiental, el tecnológico, las relaciones institucionales, la interacción público privada, el programa de comunicación y en los de la responsabilidad social empresaria, a través de Agrolimpio (reciclado de envases; cuatro mil toneladas en 2013, de las cuales 1.900 se hicieron en Córdoba) y Depósitos OK (auditoría de depósitos de agroquímicos y fertilizantes).

“En la auditoría de depósitos, nuestros protocolos son considerados hoy los más certeros y los que más se ajustan a la normativa internacional, que es bastante severa. Los protocolos que hicimos en Casafe están siendo requeridos por empresas de fertilizantes no socias, para ser incluidos en sus auditorías internas”, destacó Jaime.

Política de interacción

–¿A qué apunta la campaña pública de Casafe relacionada con la interacción con la sociedad y la opinión pública urbana?

–El espíritu es acercar nuestro mensaje al ciudadano común, a quien quizá le llega un mensaje distorsionado respecto de lo que representa nuestra industria y la responsabilidad que ésta tiene en el uso de fitosanitarios. Y por eso, con el eslogan “cuidamos lo que nos da la tierra para cuidarte a vos” estamos trabajando en acercarnos a la opinión pública, a la clase media urbana y periurbana, para cambiar temor por conocimiento; desde la web www.agroresponsable.org llevarles herramientas y que puedan hacer todas las preguntas que quieran, que se contestan en tiempo real.

–En Córdoba se está debatiendo un proyecto de ley de “convivencia ambiental”, que daría un nuevo marco a la radicación del semillero de maíz de Monsanto. ¿Cuál es la opinión de Casafe?

–Las empresas de Casafe cumplen con las regulaciones, tanto municipales como provinciales y nacionales, y nuestra industria es la más regulada en el sector agropecuario argentino. Tenemos sobre nuestras espaldas cumplir con las regulaciones del Senasa, de los ministerios de Agricultura y de Industria. En este sentido, consideramos que la radicación de Monsanto, cumpliendo con todas las normativas específicas y lo que pida el poder público, no debería haber inconvenientes. Se trata de una planta de semillas que permitirá potenciar la tecnología que hoy traen las empresas de Casafe a la Argentina para que haya alimentos de mejor calidad, mayor cantidad y, sobre todo, a precios razonables para poder cumplir una función social: la de alimentar con precios razonables y con buena calidad a la población.

Mercado regional

–¿Cómo está hoy configurado el mercado sudamericano en materia de productos fitosanitarios?

–En fitosanitarios y defensivos agrícolas (sin contar semillas y fertilizantes) hoy Brasil es el principal mercado, con una facturación anual de ocho mil millones de dólares; le sigue Argentina, junto con México, que en 2013 cerró en 2.500 millones de dólares, con una suba del cinco por ciento respecto del año anterior. Los mercados del resto del Cono Sur son un poco diferentes. Paraguay y Uruguay están en el orden de los 400 millones de dólares, pero con gran potencial y creciendo año tras año. Chile, con un mercado de 250 millones de dólares y focalizado en actividades específicas, como frutas de exportación para los supermercados ingleses.

–¿Cuál es el panorama en el Cono Sur a nivel de validación socioambiental de los agroquímicos o defensivos agrícolas?

–Es un nicho muy importante; vamos a trabajar en Uruguay y Paraguay para poder profesionalizar la comunicación de las cámaras locales.

En Chile y Argentina ya tenemos organizados los departamentos de comunicación y, en Centroamérica, el gran tema es la biotecnología a partir de la inclusión de los maíces transgénicos. En México, sobre todo, el maíz es un producto nacional y cultural muy fuerte, y entran en juego otras cuestiones intangibles, no sólo las de mercado y de regulaciones. 

–¿Qué panorama tienen en CropLife sobre la cuestión ambiental, la resistencia a los productos fitosanitarios y a las semillas genéticamente modificadas?

–Estamos tranquilos en el sentido de que, por ejemplo, el glifosato, el herbicida emblema que da volumen al mercado argentino, el año pasado fue revalidado como banda verde y de baja toxicidad por el organismo europeo que lo regula. Para nosotros ha sido una revalidación muy importante por parte del comité de la Unión Europea liderado por Alemania, que ha demostrado una vez más que el glifosato es uno de los defensivos agrícolas más inocuos para el medio ambiente. En eso estamos tranquilos. Luego, es verdad que hay países asiáticos, algunos americanos, donde las cuestiones culturales inciden en algunas prohibiciones, pero están siendo monitoreadas y CropLife, desde su nueva Dirección de Asuntos Científicos, va a trabajar muy fuerte en esto. En la Argentina en particular, afortunadamente el relacionamiento con el Senasa y los Ministerios de Agricultura de las Provincias es muy bueno. De hecho, ha salido a fines del año pasado el documento del Ministerio de Agricultura de la Nación sobre las distancias periurbanas de aplicación, un tema de percepción pública muy fuerte, y estamos muy entusiasmados con esta disposición de sugerir 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas, porque consideramos que son distancias que permiten una zona de amortiguamiento para que quede tranquila la población periurbana. También las nuevas tecnologías trabajan para que estas distancias puedan respetarse y pueda haber aplicaciones con buen uso de fitosanitarios.

–¿En qué instancia está hoy la legislación nacional sobre aplicación de agroquímicos?

–Hay un proyecto de ley en la Comisión de Agricultura de Diputados desde el año pasado; hemos sido convocados a dar nuestra opinión al igual que otras entidades de la cadena de valor de fitosanitarios. Según declaraciones del diputado Luis Basterra (presidente de la comisión), las tres leyes prioritarias para este año son fitosanitarios, semillas y suelos. Nosotros, como siempre, ponemos todos los técnicos a disposición de los poderes públicos para poder avanzar en esto.

–¿Y qué expectativa tienen respecto de un proyecto de este tipo?

–Creemos que es un año propicio desde lo político para que los tiempos puedan dar para llevar adelante esto. Desde Casafe queremos una ley nacional que de un marco regulatorio a nivel país, sabiendo que es un país federal y que las provincias tienen la potestad de adherir o no; creemos que una ley nacional ayudaría a ordenar, sobre todo en materia de ordenanzas municipales y leyes provinciales, en las que se advierte un marco atomizado y desordenado.

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