Rechazo al adelantamiento de los vencimientos del impuesto inmobiliario rural

La Mesa Agropecuaria Provincial, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, CONINAGRO y CARBAP, expresó su rechazo al impuesto inmobiliario rural decidido e informado por ARBA.

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Para los productores esta medida es impracticable

Para los productores esta medida es impracticable

13deEnerode2015a las16:59

La medida es impracticable, ya que desde el último trimestre del año los productores planificaron sus movimientos económicos con cuotas que vencían en marzo, julio y noviembre, calzando financieramente sus ingresos e inversiones productivas con dichas erogaciones.

La modificación que obliga a cancelar antes de agosto las tres cuotas (en febrero, mayo y julio) impide afrontar inversiones productivas tal como estaba previsto e inclusive centra el pago en el primer semestre, desconociendo que gran parte del territorio bonaerense tiene ingresos por tipo de producción focalizados en el segundo semestre del año.

Nuevamente desde gobierno provincial no se cumple con la palabra empeñada, y más aún modifican calendarios sin previo aviso, haciendo impracticable el cumplimiento en tiempo y forma de los plazos de pagos e impidiendo a muchos productores acogerse a los beneficios previstos por la provincia como buen contribuyente.

Medidas como la decidida por el titular de ARBA, Iván Budassi, no hace más que dejar en evidencia una vez más la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública de la gestión del gobernador Daniel Scioli, como así también permite vislumbrar la actitud a llevar en futuras responsabilidades de gobierno.

No solo hay falta de resolución a los problemas que el ejecutivo provincial se comprometió a solucionar en múltiples ocasiones sino modificaciones a lo ya establecido que complica al productor en su actividad productiva.

Las entidades que conforman la Mesa Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires exhorta al señor gobernador Daniel Scioli que deje sin efecto esta medida autoritaria que no hace más que dificultar la actividad económica del interior bonaerense, al tiempo de generar suspicacias políticas frente a la urgencia recaudatoria.

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