Obras Sociales. Prestaciones otorgadas por terceros

La Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve a interpretar el Art. 30 de la LCT y desde el Departamento Técnico Legal Laboral de Arizmendi analizan los detalles y alcances del mismo.

Por
Obras Sociales. Prestaciones otorgadas por terceros
12deMarzode2015a las10:04

Actividades temporarias y bolsas de trabajo gremiales

Las Resoluciones MTEySS 336/2002 y 8/2002 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, regulan la contratación de trabajadores rurales a través de bolsas de trabajo a cargo de asociaciones sindicales con personería gremial.

Esquema normativo

El Art. 1 de la Res. 336/02 establece su utilización obligatoria para la realización de tareas no permanentes o temporarias solo en aquellos casos en que expresamente lo establezca la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, facultando a las entidades que nuclean a empleadores del sector rural para designar veedores ante las bolsas de trabajo.

Similar regulación disponen los Art. 68 a 71 de la ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario.

Actualmente, informa el Dr. Julio Mirasson del Depto. Técnico Legal Laboral de Arizmendi, las actividades comprendidas son las siguientes:

  • Manipulación y almacenamiento de cereales, carga y descarga de oleaginosas y fertilizantes (Art. 1º Res. CNTA 8/2002.
  • Selección de maní sin transformación (Res. CNTA 1/2005) de los casos en que se prevé obligatoriamente la utilización de las bolsas de trabajo, la contratación es libre.

Un antecedente jurisprudencial

Ha sido cuestionada la constitucionalidad de las normas indicadas ante su posible colisión con la libertad de contratar a su propio personal por parte del empleador, en ejercicio de sus facultades de organización y dirección del establecimiento que le son propias.

Es útil mencionar un antecedente en la jurisprudencia sobre el tema, que contribuye a precisar los alcances de esa obligación.

En la causa “Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) c/ Morrison Cereales SRL s/ Acción de amparo. Recurso directo” resuelta el 07/09/2005, el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba debió pronunciarse sobre dos cuestiones, a saber:

  • Una acción de amparo promovida por UATRE contra la empresa referida, que se había negado a incorporar trabajadores por aplicación de las Resoluciones arriba citadas, argumentando que podía satisfacer sus necesidades temporales con su personal permanente.
  • También debió pronunciarse sobre la cuestión de la constitucionalidad de las Res. MTEySS 336 y CNTA 8 del año 2002, debido a que el tribunal que había intervenido en la causa con anterioridad, (la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Bell Ville) había declarado su inconstitucionalidad, lo que motivó que la asociación sindical recurriera al Tribunal Superior solicitando la nulidad de ese fallo.

El Tribunal Superior interpretó que la reglamentación sobre bolsas gremiales tiene estos alcances:

  1. Tal como están redactadas, prohíben terminantemente la posibilidad de contratar personas ajenas a las mentadas bolsas de trabajo. Así lo indica la expresión “proveerán...” contenida en la Res. MTEySS 336/02 lo que denota, normativamente, que tienen carácter obligatorio.
  2. Ahora bien, una reglamentación de ningún modo puede obligar a las empresas a contratar, decisión que les es propia, ya que la libertad de gestión empresarial es inherente a su personalidad, pues en palabras del tribunal “una cosa es que las empresas cuya actividad incluya las tareas no permanentes de manipulación y almacenaje, carga y descarga de los productos de cosecha fina y semillas de cereales y oleaginosos, cuando necesiten tomar personal extra a su rotación normal deban acudir inexorablemente a las bolsas de trabajo constituidas en el lugar y otra, completamente diferente, es obligarlas aunque no lo precisen, a emplear personal especial para dicha actividad. Sin duda, la primera es la única interpretación razonable”.
  3. A la luz de la regla anterior, rechazó la acción de amparo interpuesta por la UATRE ya que, conforme constancias de la causa, la empresa había manifestado que para el trabajo en plataforma hidráulica y/o carga de camión por gravitación utiliza al personal permanente de la planta y que en caso de necesitar más cantidad de personal, contrataría por bolsa. Ello significaba que la empresa se había ajustado a la reglamentación lo que excluía cualquier carácter manifiestamente arbitrario en su conducta.
  4. Interpretó que la reglamentación cuestionada es constitucional -con los alcances que referimos en los puntos anteriores- por lo que anuló el fallo de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Bell Ville.

Desde Arizmendi concluyen que la interpretación del Tribunal Superior provincial es razonable y valora equilibradamente los derechos constitucionales del empleador a contratar libremente a su personal y su obligación, en el supuesto de necesitar personal temporario para cubrir las necesidades puntuales que describen las Resoluciones MTEySS 336 y CNTA 8 del año 2002, de hacerlo a través de las bolsas que administra en el lugar la UATRE.

Su importancia -independientemente de su aplicación obligatoria en la Provincia de Córdoba- emana de la jerarquía constitucional de ese órgano judicial y sobre todo, de que fija un criterio susceptible de generalizarse en casos similares, al establecer dentro de qué límites, puede considerarse que aquella reglamentación no vulnera normas constitucionales.

Temas en esta nota