Plan del Gobierno para detectar el comercio ilegal de semillas
Pretende incorporar en un registro al 20% de los productores, que comercializan cerca del 80% de la cosecha, y hacer que declaren el cultivo antes de sembrarlo.
El proyecto contiene a representantes de todo el mercado.
Sólo el 20% de la semilla que se utiliza para sembrar más de 30 millones de hectáreas en la Argentina está fiscalizada. El 80% restante es un saco roto que pierde semillas legalmente reutilizadas por el productor y semilla ilegal, conocida como bolsa blanca. Pero no se sabe qué proporción hay de cada una. Estos indicadores ubican a la Argentina, tercer productor mundial de semillas de soja, como el país con mayor grado de irregularidad en este mercado dentro de la región.
Después de que fracasara reiteradamente el intento por modificar la Ley de Semillas, que data del año 1973, ahora el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), busca la forma de reglamentar con una resolución de ese organismo un sistema de fiscalización para identificar cuánto de ese 80% es semilla ilegal, así después buscar un mecanismo para combatirla.
El proyecto, que está en tratamiento en la Comisión Nacional de Semillas, que contiene a representantes de todo el mercado, incluyendo a las entidades rurales, aspira, en primer lugar, a ampliar el existente Registro de usuarios de Soja y Trigo, los principales cultivos en los que opera la ilegalidad por una cuestión natural: a diferencia de lo que sucede con el maíz, se puede obtener en el propio campo una semilla de soja o de trigo de iguales características a la comprada, que genere los mismos rendimientos.
