Cresta Roja, del salvataje con nuevos dueños a la etapa de eviscerado

Cresta Roja no levanta. La empresa avícola que supo ser una de las principales del sector hoy sigue envuelta en serios conflictos gremiales, desmanejos empresariales y un futuro económico incierto.

En 2015 Cresta Roja tenía 3.500 empleados directos, 1.500 indirectos y faenaba 400.000 pollos diarios. Años de pujanza en el consumo interno y un millonario acuerdo de intercambio bilateral con Venezuela permitían el desarrollo de la firma, hasta que en diciembre de ese año, los anteriores propietarios, los hermanos Rasic, la declararon inviable y comenzaron los despidos. De inmediato, los tres sindicatos que operan dentro de la empresa lanzaron duros planes de lucha, con huelgas, toma de plantas, cortes de rutas y movilizaciones. Hasta mediados de 2016 la producción quedó paralizada.

Tras una insuficiente intervención del saliente gobierno bonaerense de Daniel Scioli, se inició un proceso de quiebra "con continuidad" en el juzgado comercial N° 18, a cargo de Valeria Pérez Casado. Con el aval de las nuevas autoridades provinciales, la magistrada abrió un concurso para vender Cresta Roja al mejor postor. En octubre de 2016 la Justicia aceptó a la oferta de Proteinsa S.A. por u$s 121 millones y la ilusión de los trabajadores se renovó.

Proteinsa es un grupo compuesto por las empresas Ovoprot Internacional S.A., Tanacorsa S.A. y La Suerte Agro S.A. (Grupo Lacau), quienes ya habían intentado salvarla cuando la Justicia decretó la quiebra de Rasic Hnos. Para convencer a la jueza, el holding ostentó un misterioso respaldo financiero del banco brasileño BTG Pactua. En la compulsa, Proteinsa desbarrancó la oferta de u$s 110 millones de Avícola del Plata, otro grupo que quiso quedarse con Cresta Roja conformado por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen.

Pero desde que los nuevos dueños y administradores se hicieron cargo de la fábrica la crisis no cesó. Según recuerdan los empleados, en un principio se negaron a reincorporar a todos los trabajadores desplazados por la quiebra, intentaron aplicar un fuerte ajuste en las cadenas de producción, buscaron desprenderse de activos y frenaron todos los proyectos de expansión. En julio último despidieron a 51 personas y a los pocos días tuvieron que dar marcha atrás.

En Cresta Roja conviven operarios del sindicato de Alimentación, productores rurales de Uatre y trabajadores de la Unión Obrera Molinera. Al tomar el mando, los directivos de Proteinsa pretendían que se incorporen a la nueva razón social sin antigüedad, lo que generó rechazos. Otra alternativa fue "entregar" acciones de la compañía a cambio, que no conformó a la mayoría. Tras varias protestas y quejas ante el Ministerio de Trabajo, la empresa les ofreció una indemnización de $ 15.000 a cada uno, que también fue refutada por los gremialistas.