El Gobierno presentó los cambios en la ley ómnibus y el paquete fiscal: los puntos del campo
Con una agenda más acotada, el Ejecutivo busca el consenso; privatizaciones, blanqueo, bienes personales, ganancias, entre otros puntos
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El Gobierno presentó los proyectos de la ley bases y del paquete fiscal. A diferencia de la primera versión, el oficialismo presentó un temario más acotado que dejó temas polémicos y que le obstaculizaron la aprobación en esa oportunidad.
En materia agropecuaria, se quitó el capítulo de retenciones, UPOV 91, biocombustibles, entre otros puntos álgidos. Además, las empresas estatales ligadas al sector tampoco ingresaron en la lista a privatizar.
Además, en el paquete fiscal se incluyó un blanqueo para el ingreso de capitales. También se aplican modificaciones al impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales.
En el marco de la ley bases, el Ejecutivo solicita facultades delegadas. En este punto se establece la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades cuyo mantenimiento resulte innecesario.
Al mismo tiempo, aclara que quedan excluidos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En otro capítulo, el proyecto incluye una reforma laboral. Estos artículos respaldarían lo implementado a través del decreto de necesidad y urgencia, lo que le da otro marco ante la votación del Congreso.
En cuanto a las privatizaciones, el Gobierno incluyó Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A, Radio Y Televisión Argentina S.E, Intercargo Sau y con posibilidad de concesión Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. En el caso del Banco Nación, puede ser privatizado, pero el Estado debe conservar la mayoría de la participación.
También se planteó un artículo sobre la disolución o modificación de los fondos fiduciarios. El sector agropecuario tiene algunos fondos que se verían afectados. Sin embargo, el Gobierno dispuso que en caso de que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación; el Ejecutivo nacional deberá garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas.
En el caso del capítulo fiscal, se reincorporó la cuarta categoría. El texto fija un mínimo no imponible de $ 1.800.000 para solteros. En el caso de casados, pasa a $ 2.200.000.
