Imputan a un productor de 25 años por explotación de 45 personas en un campo de Santa Fe
La denuncia que originó la investigación, el allanamiento y los indicadores de vulnerabilidad del caso
Por
En Santa Fe, imputan y dictan prisión preventiva al dueño de un campo de frutillas por explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 trabajadores.
Quién es el productor de frutillas impuado
La denuncia de un trabajador derivó en el allanamiento a un predio rural ubicado en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, donde se constató que las víctimas estaban en condiciones de hacinamiento.
Algunas vivían en el lugar, dormían en casillas de chapa con piso de tierra, sin baños ni agua potable, y trabajaban desde la madrugada con linternas.
Bajo este marco, la Unidad Fiscal de Santa Fe formalizó la investigación penal contra F.P., un joven de 25 años responsable de un establecimiento rural de cultivo de frutillas de la localidad de Arroyo Leyes.
De acuerdo a lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría migrantes de la provincia de Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada. Algunos vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para trabajar por la noche.
F.P. quedó imputado como autor del delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. En relación a 43 personas es agravado por tratarse de más de tres víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumación de dicha explotación; y respecto de otros dos casos, a los mismos agravantes se le sumó que las víctimas son menores de edad.
La imputación fue formulada por el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Cómo era la trata de 45 personas en un campo de Santa Fe
Al exponer el caso, la fiscal Traverso le atribuyó al imputado “haber captado, trasladado, recibido y acogido a por lo menos 45 personas, entre ellas dos menores, abusado de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducción a servidumbre”, hecho que se concretó durante al menos cuatro meses, hasta el 1° de octubre pasado, luego de que un trabajador denunciara la situación y se realizara un allanamiento en el lugar.
El fiscal Rodríguez analizó el contexto social y de vulnerabilidad de las víctimas. “En el allanamiento nos encontramos con 42 personas -otras tres se retiraron ante el procedimiento- y la situación se verificó en estado de flagrancia. El factor gravoso se da por el número significativo de víctimas, lo cual demuestra una afectación concreta del bien jurídico protegido por la norma”, recalcó.
Según Rodríguez, el caso tuvo “un impacto interprovincial por el alejamiento de las víctimas de su lugar de origen, en situación de vulnerabilidad social, bajo pobreza extrema”.
En el marco del caso, también tuvo lugar el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok y se investiga el hallazgo de 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones, y 21 gramos de marihuana encontrados en poder del imputado.
Al graficar la situación en la que se encontraban los trabajadores, la fiscal Traverso recordó que la investigación se inició luego de que un trabajador oriundo de Chaco denunciara la situación de explotación el 17 de septiembre pasado. En ese primer momento intervino la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Genero de la Policía de Santa Fe.
El denunciante relató que había llegado junto a otros dos amigos a trabajar al campo de frutillas de Arroyo Leyes tras contactarse con F.P., quien les pagó los pasajes y se comprometió a abonarle 1.000 pesos por cajón cosechado, cifra que luego redujo a 600 pesos.
También contó que dormían en camas hechas con cajones de verduras, dentro de un galpón de chapa, con piso de tierra, que no tenían agua potable (tomaban de pozo) ni baño, y que debían introducirse en un monte para higienizarse o hacer sus necesidades. Los días de cobro, además, les descontaba la comida, que les fiaba un almacén lindero vinculado a un allegado al imputado.
Como no tenían horarios fijos, trabajaban de corrido desde las 3 de la madrugada con linternas, hasta la noche del mismo día, al mismo tiempo que recibían malos tratos, gritos, insultos y empujones por parte de los capataces y el encargado. Fue precisamente luego de una discusión con esas personas que denunció la grave situación.
Una vez que el caso llegó a conocimiento de la Unidad Fiscal Santa Fe, el 1° de octubre se realizó el allanamiento del predio. Al respecto, en el marco de la audiencia, la fiscal Traverso recordó que “si bien en base a tareas previas se estimaba que en el lugar se iban a encontrar aproximadamente 20 personas, resultaron ser 42, dos de ellos de 16 y 17 años, todos trabajando en el cultivo de frutillas y viviendo en condiciones muy precarias”.
El relevamiento concluyó que ninguna de las personas que estaban en el campo tuvo trabajos previos, que no tenían estudios, que eran migrantes internos, y que la mayoría eran hombres jefes de familia. “Trabajaban desde las 2 o 3 de la mañana, lo cual se notó al momento del allanamiento a las 9 de la mañana, cuando ya estaban cansados por el trabajo nocturno y las jornadas extensas”, remarcó la fiscal.
La Fiscalía citó el informe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que confirmó varios indicadores de vulnerabilidad: tenían camas hechas con pallets, baños improvisados, cargaban agua de pozo en bidones de agroquímicos de los que bebían, utilizaban para lavar y bañarse, garrafas de gas e instalaciones eléctricas a la vista, y vivían en condiciones de cuasi esclavitud y hacinamiento.
“Existen elementos objetivos suficientes para probar un obrar organizado de parte de P. que incluye la captación de personas en situación de vulnerabilidad, el mantenimiento en condiciones de reducción a la servidumbre con la finalidad de realizar una explotación agrícola que le reditúa significativas ganancias económicas”, sintetizó Traverso.
La fiscal consideró probado el delito endilgado en virtud de diferentes constataciones, ya que el circulo económico de la explotación se cerraba con la comercialización del producto del trabajo de las víctimas (se incautaron recibos a nombre F.P. con diferentes sumas) en el Mercado Central de la ciudad de Santa Fe.
