Reclaman que la Justicia es lenta para el campo: productores advirtieron demoras en órdenes de detención en delitos rurales
La Sociedad Rural de Corrientes pidió agilidad por parte de la Físcalía; “hay preocupación y disconformidad”, dijo la entidad
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La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes expresó su “preocupación y disconformidad” por la persistente falta de respuestas de la Justicia ante los delitos rurales y apuntó directamente al accionar del fiscal Facundo Sotelo. Lo responsabilizó por demoras que afectan procedimientos en curso y desalientan el trabajo policial.
El planteo fue realizado a través de un comunicado oficial, en el que la entidad advirtió sobre la falta de coordinación entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad rurales, tras denunciar hechos delictivos reiterados en zonas productivas de la provincia.
“En este momento, cinco unidades de la Policía Rural se encuentran esperando desde hace más de 24 horas, expuestas a las inclemencias del tiempo, una respuesta del fiscal Facundo Sotelo”, señalaron desde la Asociación. Según detallaron, las patrullas aguardaban las órdenes necesarias para continuar con procedimientos de aprehensión de personas involucradas en delitos rurales.
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El costo del transporte de cargas acumuló una suba del 30,3% en nueve meses: el impacto del gasoilDesde la entidad remarcaron que este tipo de demoras no solo interfiere en el normal desarrollo de las actuaciones judiciales, sino que también impacta negativamente en la labor de la Policía Rural. “Este retraso desalienta el trabajo de la fuerza e interfiere con la necesaria coordinación entre la Policía Rural y la Fiscalía”, afirmaron.
El comunicado también puso el foco en las dificultades para avanzar con medidas que, según sostienen los productores, deberían resolverse con mayor celeridad. “En una región que enfrenta hechos que requieren respuestas ágiles, especializadas y firmes, nos encontramos con un muro de indiferencia cada vez que la Policía Rural actúa en algún caso”, indicaron.
En ese sentido, recordaron que la situación fue expuesta públicamente y puesta en conocimiento del fiscal general, al tiempo que cuestionaron actitudes y decisiones que “parecen contradecir la necesidad de reprender el accionar delictivo que la sociedad demanda”
Pese a las críticas al funcionamiento judicial, las sociedades rurales destacaron el desempeño de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (ex PRIAR). “Valoramos y apoyamos el trabajo de campo realizado por la Policía Rural. Las patrullas, controles y tareas de prevención han dado lugar a avances concretos, a pesar de los escasos recursos disponibles”, subrayaron.
No obstante, advirtieron que ese compromiso se encuentra gravemente obstaculizado a la hora de judicializar los hechos, lo que limita el impacto de las acciones preventivas en el territorio.
Finalmente, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes instó a las autoridades competentes a revisar el accionar de quienes deben impartir justicia y a restablecer una articulación efectiva.
“La seguridad rural no puede estar a merced de la desidia ni de decisiones unilaterales que debilitan el Estado de derecho”, concluyeron en el documento.
