Barcos extranjeros bajo vigilancia: endurecen el combate contra la pesca ilegal
Se oficializó una nueva estrategia para la detección y combate de los barcos; se busca diferenciar el tránsito de la actividad ilegal
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El Gobierno estableció nuevos parámetros para el combate contra los buques extranjeros, principalmente chinos, que se dedican a la pesca ilegal. La medida publicada en el Boletín Oficial busca diferencia la actividad delictiva del libre tránsito.
Por este motivo, la subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca fijó nuevos parámetros de velocidad y maniobras. La resolución determinó que todo buque extranjero que navegue a una velocidad inferior a los seis nudos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y realice maniobras compatibles con la pesca, será considerado "de pleno derecho" como un infractor a la Ley de Pesca. Salvo que pruebe lo contrario.
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El Gobierno quiere “optimizar recursos” de fiscalización y terminar con las zonas grises legales. El vacío legal suele ser utilizado por las flotas extranjeras para justificar su presencia en aguas nacionales bajo el argumento de la libre navegación.
El nuevo criterio de detección tiene un límite de 6 nudos, 12 kilómetros por hora aproximadamente. Además, se presumirá que un buque extranjero realiza tareas de pesca cuando se encuentre dentro de la ZEEA y ejecute trayectorias, cambios de rumbo o patrones de maniobras compatibles con operaciones pesqueras.
“En el caso de buques pesqueros extranjeros típicamente destinados a la captura de calamar mediante sistema de poteras, la presunción prevista en el artículo precedente operará cuando se detecte, dentro de la ZEEA, navegación a velocidad igual o inferior a 2 nudos durante un lapso continuo no menor a 30 minutos, salvo causa justificada”, indicó la resolución.
Por otra parte, la resolución invierte la responsabilidad de la prueba. Si se detecta un buque operando bajo los parámetros mencionados, el capitán, armador o propietario deberá demostrar que no estaba pescando.
Por último, la fiscalización estará a cargo del sistema guardacostas, una herramienta gestionada por la Prefectura Naval Argentina (PNA). El Gobierno argumentó que con estas modificaciones busca reducir la discrecionalidad en los controles, brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer la soberanía argentina.
