El fin del corralito
Con el anuncio por parte del ministro de Economía, Roberto Lavagna, de que a partir del lunes próximo llegará a su fin el llamado corralito y se liberará el dinero en cuentas corrientes y cajas de ahorro, se ha dado un positivo paso hacia la normalización parcial de la economía, pero que lamentablemente está muy lejos de remediar las injusticias y los daños generados por restricciones que avanzaron sobre el derecho de propiedad.
A principios de diciembre de 2001, frente a una corrida bancaria originada no tanto en la desconfianza en las entidades financieras como en el pánico a que un Estado sobreendeudado e ineficiente se quedara con los depósitos, el gobierno de Fernando de la Rúa dispuso restringir las extracciones de dinero en efectivo, forzando a efectuar la mayoría de las transacciones mediante cheques o tarjetas de débito. Tal medida constituyó un avance del poder regulador del Estado en asuntos que deberían quedar librados a la libre decisión de los particulares y terminó profundizando la desconfianza social.
El empleo de tarjetas o de cheques para la realización de operaciones comerciales, que ya estaba ampliamente difundido en casi todo el mundo, comenzó a incorporarse, a la fuerza y no sin enormes dificultades, a los hábitos de una parte de los argentinos hasta entonces no acostumbrada a esa modalidad. Estas prácticas, aunque resulten beneficiosas para desalentar las actividades económicas en negro, no deben ni pueden ser impuestas de manera compulsiva por el Estado.
En tal sentido, la reciente decisión del Ministerio de Economía debe ser evaluada positivamente, al tiempo que es de esperar que la instrumentación de la medida esté acompañada por el retorno a la vieja modalidad que permitía cobrar los cheques en la ventanilla del banco, sin que sea obligatorio depositarlos en una cuenta.
Puede decirse así que termina una etapa por cierto conflictiva, que ahondó el malestar de millones de personas que, de pronto, se vieron sometidas a una bancarización forzada.
Sin embargo, es necesario aclarar que el primer corralito, que en los próximos días dejará de existir, ya había dejado de representar el más serio problema del sistema financiero argentino.
La decisión anunciada el viernes último por Lavagna no resuelve los enormes perjuicios que les generó a los ahorristas el segundo corralito -más conocido como corralón -, que pesificó depósitos en dólares a $ 1,40 y los congeló, impidiendo su retiro y reprogramando su devolución a plazos larguísimos, violando expresas normas de la Constitución nacional y convirtiendo en letra muerta la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios sancionada pocos meses antes por el Congreso de la Nación.
De la sensación de encierro del primer corralito se pasó claramente a una sensación de confiscación con el corralón dispuesto a poco de asumir el presidente Eduardo Duhalde y el entonces ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov.
Es sabido que ningún sistema bancario del mundo puede soportar una severa crisis de confianza que lleve a la totalidad de los ahorristas a reclamar simultáneamente el dinero que tienen depositado, especialmente si es en moneda extranjera y las entidades financieras han sido víctimas, como en la Argentina, de una pesificación asimétrica entre los créditos por cobrar y las deudas en favor de los depositantes.
Sin embargo, debió buscarse otra salida, que privilegiara los acuerdos entre los bancos y sus clientes, antes que una desmedida intervención estatal que desnaturalizó elementales principios de organización económica y social y terminó sembrando una mayor desconfianza, que costará muchos años desterrar.
Es fundamental que se busquen soluciones de fondo que permitan reconstruir la confianza en el sistema financiero, porque no hay economía posible sin él. Claro que para comenzar a hacerlo se requiere que quienes nos gobie
