Critican el ingreso de un herbicida

El diferendo por el ingreso de glifosato de origen chino a valores presuntamente de dumping, que enfrenta a las empresas fabricantes en la Argentina Monsanto y Atanor con las firmas importadores del producto en bruto, reflotó la antinomia entre industria y producción. No es menor, pues está en juego un negocio que supera los 250 millones de dólares al año y una producción sojera que alcanzará el récord de 35 millones de toneladas en la presente campaña.

En noviembre de 2001, la firma Monsanto Argentina interpuso un pedido de investigación en la Secretaría de Industria, Comercio y Minería por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la Argentina de glifosato originario de la República Popular China. El Gobierno, por lo tanto, abrió una investigación en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) que debería definirse como máximo en octubre próximo. De probarse la denuncia derivaría en la aplicación de derechos antidumping, según dicta el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994. Actualmente ese canon extra Mercosur asciende al 15 por ciento.

Las entidades del campo que apoyan la importación del glifosato, por temor a que este mercado termine en manos de sólo dos empresas, señalaron que cerrar la importación afectaría a 18 empresas que transforman el producto importado en herbicida. El mayor defensor de estas últimas firmas es el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raitteri, dado que la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA) es la principal importadora de glifosato chino. "Eso es cierto, pero por sobre todo defendemos el tema porque nos van a imponer las reglas del juego; además, Monsanto ocupa en su planta de Zárate a unas 70 personas, mientras que las demás firmas tienen 700 trabajadores."

Piden un mercado equilibrado

Del otro lado, el gerente de relaciones públicas y gubernamentales de Monsanto, Federico Ovejero, sostuvo que de esa fábrica viven en forma directa e indirecta unas 500 familias. "Buscamos reglas claras y parejas que promuevan un mayor desarrollo de la industria nacional, porque en estas condiciones se hace imposible producir en el país", consideró el ejecutivo.

Ovejero agregó: "El Estado debe definir si hay o no dumping; no estamos pidiendo sólo aranceles o defendiendo un nicho, sino un mercado equilibrado", tras lo cual afirmó que esa firma no elevaría los precios en caso de que la denuncia termine dirimiéndose en su favor.

Dumping significa vender por debajo del costo de producción y es una forma de competencia desleal, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con esta práctica, un proveedor vende a pérdida para eliminar la competencia y de esa manera puede manejar los precios.

Brasil dictó recientemente una resolución que aplica un arancel del 36% al glifosato proveniente de China. No obstante, en ese país la proporción de soja transgénica es mucho menor que en la Argentina, donde alcanza el 95% de la superficie sembrada.

Además, el tema abarca un escenario más complejo, dado que China exporta glifosato a la Argentina por unos 35 millones de dólares, mientras que compra aceites y semillas de soja por unos 800 millones de dólares anuales. "Si el mercado termina en monopolio no es ninguna garantía para el productor y, obviamente, pediríamos que los precios se congelen", opinó el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Grether.

En la Argentina el consumo de glifosato creció notablemente durante la década del noventa a propósito de la aparición de la soja RR, resistente a este herbicida. Con la siembra directa, los productores lograron bajar sensiblemente sus costos de implantación, puesto que sólo deben aplicar este producto para librar a los lotes de las malezas