Crece la polémica con exportadores
El Gobierno y los empresarios cruzan acusaciones por los cambios en la forma de calcular el pago de Ganancias.
25deAgostode2003a las08:30
"Esto sólo afecta al que opera con firmas fantasma"
Este no es un problema que involucre al agro. Es sólo de los exportadores. Y dentro de esa franja, es una cuestión específica que afecta solamente a quienes realizan operaciones de exportación entre compañías vinculadas y que utilizan una empresa fantasma como intermediario". De esta forma, el titular de la AFIP, Alberto Abad, salió al cruce de las críticas formuladas por treinta entidades de la cadena agroalimentaria contra los cambios que impulsa el Gobierno en el sistema de cálculo para pagar Ganancias.
"Nosotros siempre dijimos que los exportadores que operan de manera transparente no tienen por qué preocuparse. Solamente apuntamos a neutralizar las operaciones que se hacen mediante triangulaciones para pagar los impuestos en los países que tienen bajo o nulo nivel de tributación. Pero parece que ese tipo de operaciones está más generalizado de lo que pensábamos", añadió el funcionario.
Ayer la Presidencia de la Nación difundió una solicitada con datos que muestran que entre 1997 y 2001, las siete cerealeras que concentran el 60% de las operaciones del mercado local, tuvieron ingresos por 22.400 millones de pesos y sólo pagaron 19 millones de pesos de Ganancias.
Para evitar que eso ocurra, la AFIP envió dentro del paquete antievasión una propuesta para que el precio de referencia para pagar el impuesto se fije al momento del embarque de la mercadería. Así, dice, se logra un mejor control fiscal.
Advierten que podría haber una caída de ventas externas
Las exportaciones agrícolas podrían reducirse en 860 millones de dólares anuales si finalmente se aprueba en el Congreso el capítulo del paquete antievasión referido al pago del impuesto a las Ganancias por parte de las cerealeras. Esa caída sería padecida básicamente por los productores, que cobrarían 460 millones de dólares menos por sus cosechas.
Este es el argumento que treinta entidades de la cadena agroalimentaria usarán esta semana en su ofensiva para que el proyecto de ley antievasión que se aprobó en Diputados no pase por el filtro del Senado. Dirán que los cambios que impulsa la AFIP tienen efecto "nefasto" sobre el proceso de formación de precios agrícolas.
Sostienen que si se obliga a los exportadores a pagar Ganancias tomando como referencia el precio de los granos al momento del embarque —como establece el proyecto—, el negocio agrícola "perderá previsibilidad". Hasta ahora las cerealeras pagan impuestos en base al valor declarado al momento de efectuar la venta, que usualmente se produce meses antes.
"La reforma impositiva introduciría un grave factor de incertidumbre sobre las ventas a futuro. Y tal incertidumbre afectará ineludiblemente el precio a los productores", afirma la cadena en un documento que envió a los senadores. Allí se calcula que "la aplicación de la norma provocará una caída en los granos de unos 7 dólares por tonelada", además de costos adicionales en logística por 3 dólares.
Este no es un problema que involucre al agro. Es sólo de los exportadores. Y dentro de esa franja, es una cuestión específica que afecta solamente a quienes realizan operaciones de exportación entre compañías vinculadas y que utilizan una empresa fantasma como intermediario". De esta forma, el titular de la AFIP, Alberto Abad, salió al cruce de las críticas formuladas por treinta entidades de la cadena agroalimentaria contra los cambios que impulsa el Gobierno en el sistema de cálculo para pagar Ganancias.
"Nosotros siempre dijimos que los exportadores que operan de manera transparente no tienen por qué preocuparse. Solamente apuntamos a neutralizar las operaciones que se hacen mediante triangulaciones para pagar los impuestos en los países que tienen bajo o nulo nivel de tributación. Pero parece que ese tipo de operaciones está más generalizado de lo que pensábamos", añadió el funcionario.
Ayer la Presidencia de la Nación difundió una solicitada con datos que muestran que entre 1997 y 2001, las siete cerealeras que concentran el 60% de las operaciones del mercado local, tuvieron ingresos por 22.400 millones de pesos y sólo pagaron 19 millones de pesos de Ganancias.
Para evitar que eso ocurra, la AFIP envió dentro del paquete antievasión una propuesta para que el precio de referencia para pagar el impuesto se fije al momento del embarque de la mercadería. Así, dice, se logra un mejor control fiscal.
Advierten que podría haber una caída de ventas externas
Las exportaciones agrícolas podrían reducirse en 860 millones de dólares anuales si finalmente se aprueba en el Congreso el capítulo del paquete antievasión referido al pago del impuesto a las Ganancias por parte de las cerealeras. Esa caída sería padecida básicamente por los productores, que cobrarían 460 millones de dólares menos por sus cosechas.
Este es el argumento que treinta entidades de la cadena agroalimentaria usarán esta semana en su ofensiva para que el proyecto de ley antievasión que se aprobó en Diputados no pase por el filtro del Senado. Dirán que los cambios que impulsa la AFIP tienen efecto "nefasto" sobre el proceso de formación de precios agrícolas.
Sostienen que si se obliga a los exportadores a pagar Ganancias tomando como referencia el precio de los granos al momento del embarque —como establece el proyecto—, el negocio agrícola "perderá previsibilidad". Hasta ahora las cerealeras pagan impuestos en base al valor declarado al momento de efectuar la venta, que usualmente se produce meses antes.
"La reforma impositiva introduciría un grave factor de incertidumbre sobre las ventas a futuro. Y tal incertidumbre afectará ineludiblemente el precio a los productores", afirma la cadena en un documento que envió a los senadores. Allí se calcula que "la aplicación de la norma provocará una caída en los granos de unos 7 dólares por tonelada", además de costos adicionales en logística por 3 dólares.
