Puertos: apelarán la dolarización de tarifas.

El aumento en los peajes de las autopistas del Sol y del Oeste, de un 15 y un 14%, respectivamente, así como la dolarización de las tasas que cobran las terminales portuarias de Buenos Aires quedaron ratificados: hoy vence el plazo para su tratamiento parlamentario y el Congreso se expidió con su silencio, que equivale -según el PJ- a su aprobación ficta.

Si bien el Senado aprobó anteayer ambos acuerdos, en la Cámara de Diputados el oficialismo decidió no sesionar, lo que evitó un pronunciamiento expreso del Congreso. Los diputados de la oposición, reunidos ayer en una sesión especial, criticaron duramente la actitud oficialista y anticiparon que presentarán ante la Justicia un pedido para que se declare inconstitucional la aprobación ficta de los contratos.

"Vamos a iniciar acciones judiciales en virtud de la dudosa constitucionalidad de una maniobra que viola el artículo 82 de la Constitución, ya que siempre el Congreso debe manifestarse por la aprobación o el rechazo -enfatizó Silvina Leonelli (UCR-Córdoba), presidenta de la comisión bicameral de seguimiento de los contratos de servicios públicos-. Además, en relación con las terminales portuarias, quiero dejar en claro que constituye un antecedente gravísimo para los intereses del país en las acciones de las empresas extranjeras ante el Ciadi."

A la sesión asistieron sólo 54 legisladores; el justicialismo brilló por su ausencia. Estuvieron presentes, además de la UCR, varios bloques de centroizquierda, así como Compromiso para el Cambio (de Mauricio Macri) y Unión por Argentina.

El diputado Héctor Polino (Socialismo-Capital) cuestionó con dureza la actitud oficial de no sesionar, al tiempo que advirtió sobre los alcances de ambos contratos. "Estas actas de entendimiento provocan aumentos en los peajes del orden del 15%, condonándose multas por incumplimientos contractuales a empresas que tienen ganancias excesivas, casi diría escandalosas, y ni hablar de las terminales portuarias, que dolarizan las tarifas", advirtió.

La diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida-Capital) dijo que este mecanismo de sanción ficta podría ser usada para los futuros contratos que lleguen al Congreso, "como el de la empresa Aguas Argentinas y las eléctricas". También Guillermo Cantini (Compromiso para el Cambio) se sumó a las críticas. "No sólo se está convalidando una dolarización de las tarifas, sino también que la Administración General de Puertos, que era un ente en liquidación, deje de serlo. Además, se está convalidando un canon que ignoramos a qué se destina", alertó.

El diputado Federico Pinedo (Compromiso para el Cambio) recordó que está vigente un fondo fiduciario destinado a subsidiar la rebaja del peaje, lo que a su juicio se contradice con este nuevo acuerdo.