Más obstáculos para el campo
Temas de la Justicia.
PorEl Gobierno se empeña continuamente en exasperar al campo, y los canales institucionales para solucionar el conflicto son débiles o inadecuados.
El viernes pasado, la detención de ocho ruralistas por parte de la Prefectura -depende del Ministerio de Justicia- sólo pudo haber tenido un objetivo: irritar al campo.
En efecto, ayer, en el juzgado de Carlos Villafuerte Ruzo no había prueba alguna de que los agricultores hubieran cortado la ruta y el incendio que el fiscal les imputa haber provocado se extendió, apenas, a un pastizal de 40 metros que separa dos carriles de la autopista.
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Por su parte, la Corte no tiene intención ni margen para inmiscuirse en un problema cuyo voltaje político la excede. La semana pasada, las cuatro entidades rurales solicitaron al alto tribunal su intervención, por medio de una nota. Pero el tribunal les hizo saber que no puede actuar, por lo menos mientras no le llegue a estudio una causa judicial.
En la Corte conviven distintas visiones del asunto: algunos ministros consideran que las retenciones móviles, por los excesivos niveles de las alícuotas, difícilmente pasarían un examen de constitucionalidad. La Corte siempre dijo que una alícuota impositiva que tome más del 33 por ciento de la riqueza es confiscatoria. ¿Cómo podría el tribunal convalidar alícuotas como las actuales sin tirar por la borda toda su tradicional jurisprudencia? Pero el dilema, para la Corte, no tiene una respuesta tan sencilla: otros jueces creen, con algo de razón, que la Corte, si se mete de lleno en el debate político, tiene mucho más para perder que para ganar.
La única causa que tiene el tribunal sobre el tema es la iniciada por la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE). Sin embargo, el planteo que llegó a estudio del alto tribunal no incluye las retenciones y, apenas, se limita a discutir sobre un asunto tangencial: determinar si esa entidad tiene la representación del campo.
Tampoco la causa promovida por la provincia de San Luis contra el Estado nacional, en la que la provincia reclama una indemnización por coparticipación mal liquidada, es un escenario adecuado.
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Los dirigentes rurales, que ayer se reunieron con el titular de la Defensoría del Pueblo Eduardo Mondino -intentará reconstruir los puentes con la Jefatura de Gabinete-, impulsan una propuesta legislativa.
La iniciativa legislativa es el camino que prevé la Constitución para que los ciudadanos presenten un proyecto de ley y el Congreso esté obligado a tratarlo, aunque no a aprobarlo.
Pues bien, si el campo no es hábil en la forma de redactar tal iniciativa, el Gobierno le podría oponer una excusa: la Constitución no permite que se utilice esa vía para promover el tratamiento de temas impositivos (como lo es el de las retenciones).
El Gobierno, por ahora, parece dispuesto a extender el conflicto. La presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, coincidieron en criticar a distintos sectores vinculados con el agro por el alto nivel de ganancias que obtienen. ¿Desde cuándo es un delito obtener renta en una sociedad capitalista? Esas ganancias tienen un dueño: los inversores y propietarios, grandes o pequeños.
A estas alturas, sólo la voluntad del Gobierno de recuperar el diálogo en términos serios puede reencauzar el conflicto y evitar mayores daños.
Por Adrián Ventura.
