Cinco agropreguntas que necesitan una urgente respuesta para salir adelante

1. En el último año el gobierno, por medio de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), distribuyó subsidios al sector agroalimentario por un total de 2.062,4 millones de pesos con el propósito de mantener los precios bajos de ciertos alimentos básicos. El 40 por ciento de ese monto fue asignado a ocho empresas (Mastellone, Molino Cañuelas, SanCor, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Rasic Hnos., Soychú y Granja Tres Arroyos). ¿No habría sido más sensato distribuir ese dinero a familias en situación de riesgo social, vía una tarjeta alimentaria, a razón –por ejemplo– de 200 pesos por mes durante un año a casi 860.000 grupos familiares?

2. En el primer trimestre de 2008 las exportaciones argentinas de productos cárnicos bovinos registraron un promedio mensual de 39.313 toneladas, una cifra que estaba en línea con el cupo de 40.000 toneladas mensuales establecida por el Gobierno Nacional dos años atrás. Sin embargo, desde abril pasado el Gobierno –por medio de la Oncca– comenzó a implementar nuevas restricciones a las exportaciones cárnicas, de manera tal que en abril éstas fueron de 17.076 toneladas para caer nuevamente a 13.563 toneladas en mayo. Quienes llevan adelante esta política suponen que al restringir las exportaciones se garantizará una mayor oferta del producto en el mercado interno y esto contribuirá a reducir los precios minoristas de la carne. Pero los precios no bajan. Los productores ganaderos se deshacen de todo o buena parte de su rodeo. Se destruyen fuentes genuinas de trabajo en la cadena de ganados y carnes. La imagen de los argentinos en el mundo como proveedores confiables de alimentos se deteriora. ¿Quién gana con esto? Y si no hay nadie que resulte ganador, ¿por qué se insiste con esta política?

3. El 12 de noviembre de 2007 comenzó a regir un cambio en los derechos de exportación de los granos, que en el caso del poroto de soja a granel pasó de 27,5 a 35,0 por ciento. Posteriormente, el 12 de marzo de 2008 se introdujo un nuevo incremento de las alícuotas en el marco del reemplazo del régimen de retenciones fijas por móviles (que en soja oscilaron entre el 44 y 48 por ciento). Finalmente, esta semana se volvió al esquema vigente al 11 de marzo de este año. Sin embargo, el pasado 30 de junio el Gobierno –por medio de la resolución 1487/09 de la Oncca– reconoció que muchos embarques de soja de la campaña 2007/08 se habían registrado antes del 11 de noviembre de 2007 y por ende habían tributado un derecho de exportación del 27,5% cuando estaba ya vigente la alícuota del 35% e incluso el sistema móvil con retenciones del 44% al 48%. Entonces, ¿no habría sido mejor en marzo comenzar por asegurarse el cobro del aumento de retenciones de noviembre de 2007 antes de lanzar una medida que paralizó a la economía durante cuatro meses?

4. En mayo pasado la Oncca emitió una resolución (543/08) por medio de la cual estableció nuevos requisitos para poder concretar embarques de granos y derivados. Esa resolución indica que la Oncca pasa ahora a establecer mensualmente el remanente exportable de granos y subproductos teniendo “en cuenta las existencias físicas de granos y las salidas para elaboración, descontando las cantidades necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado interno, ponderándose un 20% en menos para prevenir contingencias que pudieren originar futuros faltantes”. Traducido: aumentaron considerablemente las restricciones oficiales para poder exportar maíz y aceite de girasol. Esto genera un aumento importante del riesgo comercial y, ante tal situación, los exportadores de granos y las industrias aceiteras trasladan ese riesgo a los productores por medio de un descuento de los precios ofrecidos por sus granos. Su supone que las rest