Exportadores rechazan el reclamo del Gobierno por US$ 1.700 millones

Las reliquidaciones de derechos de exportación que está efectuando el ONCCA son inconsistentes y no se ajustan a la letra de la Ley 26.351", dispararon ayer desde la Cámara de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA CEC).

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26deJuliode2008a las08:17

Así, el culebrón del campo y el Gobierno continúa sumando actores. Ahora, los exportadores de granos, que durante los 128 días de conflicto habían tenido bajo perfil, salieron al cruce del Gobierno, que el jueves estimó en 1.700 millones de dólares la diferencia entre las retenciones aportadas en los últimos meses al fisco y las que, según calculó el ONCCA se deberían haber pagado.

La diferencia se debe a que mientras se reglamentaba la ley 26.351, conocida como Martínez Raymonda, se pagaron retenciones a cuenta que luego debían reliquidarse. Eso es reconocido en los trazos gruesos por los exportadores, que asumen "una deuda con el Estado". Por eso, el jueves, las primeras respuestas de los exportadores a la Resolución 1898 de la ONCCA habían sido cautas, mientras hacían sus propios cálculos.

Pero ayer, tras las primeras estimaciones, expresaron a través de un comunicado de CIARA-CEC que las notificaciones de la ONCCA a la AFIP por declaraciones juradas de venta al exterior "no se corresponden con la realidad".

Todavía no pueden precisar otro número para contraponer a los US$ 1.700 millones, pero están convencidos de que se debe fijar un número mucho menor.

La controversia se remonta a fines de 2007, en los días que rodearon la elección presidencial que coronó a Cristina Kichner. Desde días antes, circularon fuertes rumores de aumentos en las retenciones a los granos pero, a diferencia de lo que se hace habitualmente en esos casos, no se cerraron los registros de exportación.

Así, muchos exportadores declararon ventas a futuro, una operatoria habitual pero que en este caso resultó excepcionalmente favorable porque permitió comprometerse ante el Fisco con retenciones al 27,5% y luego comprar granos más baratos en el mercado interno, a valores de retenciones al 35%, antes de los embarques.

Esa posibilidad intentó regularse con la ley impulsada por el diputado demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda, que establece el pago de retenciones según la cotización internacional y las alícuotas por derechos de exportación vigentes al momento del embarque. Entonces, el hecho de haber contado o no con mercadería al momento de los registros determina si los exportadores deben una diferencia a la AFIP.

A fines de junio, el titular del ONCCA, Ricardo Echegaray, tomó partido por esta interpretación y dictó la resolución 1487/08, a través de la cual estimó diferencias por retenciones mal liquidadas hasta el 9 de noviembre de 2007 por US$ 650 millones. En tanto, el jueves, con la 1898/08, por las operaciones realizadas hasta el 11 de marzo último, estiró la diferencia hasta los US$ 1.700 millones y notificó de ello a la AFIP.

En este marco, CIARA-CEC planteó ayer dos posiciones básicas. Por un lado, remarcó que las reliquidaciones "no se corresponden con la realidad de las compras, adquisiciones y tenencias declaradas por las empresas al momento de los cambios de los derechos de exportación (9 de noviembre de 2007 y 11 de marzo)". A su vez, rechazaron enérgicamente que lo realizado por las empresas implicara "evasión o elusión alguna".

Voceros de los exportadores resaltaron que "se actuó conforme a las leyes vigentes y siempre tratamos de que se reglamenten reglas claras". Interpretan que ahora se pretende alterar retroactivamente un orden jurídico y no descartan llegar a "instancias judiciales".


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