La Justicia ordenó al Indec decir cómo mide la inflación

La información pública sobre cómo se hace el relevamiento de precios fue sensiblemente acotada por el Indec.

La Justicia tomó medidas para transparentar los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): ordenó que el Gobierno informara cuáles son los 132 productos que el organismo utiliza como parámetro para obtener el índice de precios al consumidor (IPC) y qué peso se le asigna a cada uno de ellos para obtener el promedio final, datos que dejaron de difundirse a partir de este año.-

La sentencia, de la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, es un caso testigo en materia de acceso a la información pública. Es la respuesta a un amparo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que pretendía saber cuán fidedigno era el índice de precios, elemento clave para elaborar otras estadísticas (como las de pobreza e indigencia), para llevar adelante las negociaciones salariales y para ajustar el índice según el cual se actualizan algunos bonos de la deuda pública.

Si la Corte Suprema no revierte este fallo, el Indec deberá incluir en su próximo informe ?la identificación de cada uno de los 132 productos [por ejemplo, papa] cuyos precios componen el ciento por ciento del índice y, además, las variedades [por ejemplo, papa blanca] tenidas en cuenta para calcular el precio de cada producto y sus respectivas ponderaciones?, o sea, sus incidencias porcentuales en el cálculo final de la inflación.

Desde 2007, el instituto funciona bajo las órdenes de Ana María Edwin y el IPC está a cargo de Beatriz Paglieri, dos funcionarias que responden al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. LA NACION se comunicó ayer con el Indec y con el Ministerio de Economía para conocer la opinión de sus autoridades sobre el fallo, pero no obtuvo respuestas. Con el alegado propósito de dejar atrás las dudas sobre la veracidad de sus datos, el Indec modificó en mayo pasado el método de medición del IPC. Sin embargo, desde entonces el nivel de detalle sobre cómo se obtiene el índice fue cada vez menor.

En el fallo dado a conocer ayer, los camaristas advirtieron que en esta causa ?no están en tela de juicio la aptitud del método elegido por el Indec ni los datos efectivamente utilizados? para su elaboración. ?El objeto del proceso ?explicaron? está restringido a poner la información solicitada en conocimiento del público para que, en todo caso, pueda ser conocida y debatida en los ámbitos que corresponda.?

No obstante, el fallo fue celebrado por los economistas. ?A partir de que se revele la canasta de consumo se podrá volver a hacer un seguimiento de cómo evolucionan los precios. Será mucho más fácil el control?, afirmó Luciana Díaz Frers, economista del Centro de Implementación de Politicas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). ?Ahora vamos a poder entender cómo calculan el IPC y saber qué hay detrás del número?, dijo el abogado de ADC Alejandro Segarra. Para él, este fallo no sólo es importante en cuanto a estadísticas sino que es el más trascendente que se recuerde sobre acceso a la información pública.

La constitucionalista Marcela Basterra, profesora de la UBA y especialista en el tema, coincidió en que ?sentencias de este tenor son de fundamental importancia en la concreción y la eficacia de un derecho humano fundametal como es el de acceso a la información pública?, sobre todo, en la Argentina, ?donde no hay ley de acceso a la información, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado que no tenga ley incumple con su responsabilidad ante el sistema interamericano?.

El fallo de la Sala V confirmó una decisión de primera instancia de la jueza Claudia Rodríguez Vidal. No prevé sanciones para el ca