Vuelven a la carga con ley de agroquímicos
Desde el Congreso buscan aprobarla desde hace 24 años. Varias veces tuvo media sanción, pero nunca pudo completarse el trámite, en el Senado se representó el proyecto con un cuarto de siglo de historia.
Una vez más desde que volvió la democracia en 1983 se presentó en el Congreso un proyecto que busca establecer un régimen Federal de productos fitosanitarios. La nueva versión fue ingresada ahora en octubre por la senadora sanjuanina, Marina Riofrío del PJ/FpV.
La versión anterior tuvo como autor al senador por Córdoba, Roberto Urquía, y la anterior a esa el autor del proyecto fue el actual gobernador de San Juan José Luis Gioja, que lo presentó y representó en dos oportunidades.
Esas son apenas las últimas versiones que llegan hasta año 2000 de la que se conoce como ley de agroquímicos. Pero los antecedentes se remontan más lejos aún. Otros autores fueron el Senador fallecido Eduardo Vaca, y el diputado Felipe Solá no ahora sino en 1991.
El hilo conductor de los proyectos de ley para un régimen nacional en esta materia se sigue enhebrando hasta los orígenes mismos de la etapa democrática iniciada en 1983.
El resultado desde entonces fue el de un proyecto de ley en por sus representaciones podría decirse que tiene el récor de un cuarto de siglo en permanente estado parlamentario, pero que sigue engrosando el archivo del Parlamento.
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Trabajadores rurales: las cuatro modalidades contractuales en el Régimen de Trabajo AgrarioEn tanto tiempo la norma fue creciendo en propuestas y observaciones a tal punto que en las dos últimas versiones se ha incorporado hasta un diccionario propio, un léxico que explica la terminología utilizada.
En sus distintas versiones a lo largo de 24 años la norma tuvo varias veces media sanción de alguna de las Cámaras, sobre todo en el Senado, pero por distintas razones el Congreso no termina de parir la ley.
Y es que los intereses que están involucrados son contrapuestos, variados y poderosos, y las presiones por incluir o quitar elementos que pueden beneficiar o perjudicar a uno u otro son tantos que a esta altura de las cosas casi podría escribirse una novela de intrigas.
La última versión vigente de la norma, llegó a tener media sanción del Senado el último día de vigencia del estado parlamentario del proyecto. Para tener una idea de los intereses en juego en algún momento de su tratamiento el borrador del dictamen, sobre el que se difundían hasta nueve versiones diferentes, llegó a guardarse en una caja de seguridad.
Logró finalmente pasar a Diputados donde tras un año de reuniones y consultas con el Senasa, las Cámaras empresarias, los profesionales agrónomos, las provincias, los comercializadores, y las opiniones de los ambientalistas la norma quedó archivada hasta que perdió vigencia.
Todo el mundo coincide en que una ley que regule la producción de agroquímicos es necesaria, pero al momento de discutir los pormenores resulta una misión imposible llegar a un punto de encuentro.
Nación, provincias, empresas, profesionales, usuarios, todos tienen su versión acerca de lo que debería ser la ley, que en última instancia empantana la discusión e impide satisfacer la necesidad que todos reconocen.
Desde varias provincias, por lo menos las principales en la actividad agrícola, están interesadas en un marco legal para la actividad. Pero observan que tantos años de orfandad legislativa a nivel nacional provocó que cada provincia emitiera su propia legislación conforme a sus necesidades, ahora solamente quieren una ley que haga de paraguas normativo de carácter general al cual poder adherirse.
Las últimas presentaciones realizadas distan de tener un perfil abarcador y general, sino que profundizan a un grado de detalle minucioso todos los aspectos relacionados con la producción, comercialización, almacenamiento, presupuestos mínimos, y todos los pormenores relacionados con la fabricación y manipulación de los agroquímicos.
Así
