Apuran una nueva ley de contratos rurales

La Cámara de Diputados avanzará en los próximos días en una nueva ley de arrendamiento rural, una iniciativa largamente reclamada por la Federación Rural, pues establece cláusulas que protegen al pequeño y mediano productor y procura evitar la concentración excesiva de la tenencia de la tierra por medio de fondos de inversión, fideicomisos, pooles de siembra y otras formas indirectas de la propiedad rural.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, Alberto Cantero (Frente para la Victoria-Córdoba), convocará a los distintos bloques a apurar el tratamiento de este proyecto, que ya tiene dictamen de comisión y está listo para ser discutido en el recinto. El proyecto, impulsado por el bloque Solidaridad e Igualdad (SI), que preside Eduardo Macaluse, cuenta con el apoyo del oficialismo y, con algunas disidencias, del socialismo y la UCR. En cambio, Pro anticipó su rechazo.

En rigor, la iniciativa cobró su primer impulso el año pasado, durante la discusión de la polémica resolución 125, por la cual el Gobierno pretendió imponer las retenciones móviles. Con la intención de meter una cuña en la Comisión de Enlace agropecuaria, el oficialismo decidió motorizar, en forma paralela, una nueva ley de arrendamiento, con el fin de cooptar a la Federación Agraria. Sin embargo, esta agrupación, que preside Eduardo Buzzi, se mantuvo firme en su rechazo a las retenciones móviles, por lo que el Gobierno sepultó la oferta de modificar la ley de contratos rurales.

Sin embargo, en este nuevo round de pelea con el campo el oficialismo decidió desempolvar la iniciativa, que, en líneas generales, establece un término temporal definido para los contratos: amplía los derechos de los arrendatarios; regula los precios sobre la base de lo que se produzca en los campos; agrega formalidades contractuales que no están en la norma, y desalienta la explotación de tierras por parte de los pooles de siembra.

"El proyecto plantea un esquema protector del pequeño propietario de la tierra contra el agricultor en gran escala. Apunta, básicamente, a eliminar los contratos por cosecha, hoy tan generalizados y que colocan en una situación de inestabilidad permanente al productor, estableciéndose plazos y límites precisos, como cualquier otro contrato", explicó el diputado oficialista Alejandro Rossi (Santa Fe).