Buzzi y Grobocopatel ahora se unen contra la ley de arrendamientos

Aunque se encuentran parados en las antípodas de la discusión por la tenencia y explotación de las tierras agrícolas argentinas, la Federación Agraria y los empresarios agropecuarios coinciden en oponerse al actual proyecto de Ley de Arrendamientos. El debate de la norma que pretende suplantar el último ordenamiento territorial, que data de la 1948, fue postergado en medio de una oleada de críticas y el recrudecimiento del conflicto entre el campo y el Gobierno.

La Federación Agraria (FAA) enfoca sus críticas a la principal modificación al proyecto original que presentó en marzo de 2007, fue tomado por el diputado Eduardo Macaluse (SI), y fue remozado en Diputados hace más de un año, en pleno debate por la Resolución 125.

Para FAA, es inaceptable la eliminación de los artículos que establecían mayores cargas tributarias para los pooles de siembra, fondos de inversión, fideicomisos financieros y sociedades anónimas que compiten por el uso de la tierra “con los genuinos chacareros”, según dijo la entidad en comunicado.

El coordinador del área técnica de FAA, Luis Contigiani, encargado de redactar el proyecto original, explicó a El Cronista que el texto de 2007 modificaba las alícuotas de impuesto a las ganancias, las bases de bienes personales y el tratamiento del IVA para favorecer al pequeño y mediano productor y al mismo tiempo gravar la renta a los inversores que llegaron al campo desde otras actividades. Aclaró también que el artículo que más molesta a los empresarios estaba en el texto original: el límite a la cantidad de hectáreas que se pueden rentar.

El proyecto –que obtuvo despacho de tres comisiones (Agricultura, Presupuesto y Legislación General)– dispone que los pooles no podrán alquilar tierras por un volumen mayor a 10 unidades económicas, extensión que difiere según la región y es establecida por la provincias. Por esta cláusula, grandes grupos como la agropecuaria Los Grobo –que produce en unas 120.000 hectáreas alquiladas– deberían recortar drásticamente su actividad, ya que en algunos lugares la unidad económica puede ser de 350 hectáreas, por ejemplo.

Gustavo Grobocopatel dijo a este diario que el proyecto de ley es “restrictivo. No se sabe a quién ayuda o a quién pretende ayudar”.

Según el empresario, el valor de la tierra bajará por efecto de la norma, y los pequeños productores que sean además rentistas perderán. Indicó que la ley pretende “sostener el status quo y no protege a los pequeños productores” y que judicializará los alquileres de los campos, actividad que hoy no genera numerosos litigios.

El empresario Marcos Rodrigué, de la firma La Redención e intendente de la cordobesa localidad de Inriville expresó que “la medida terminará favoreciendo a los que pueden conseguir financiamiento y conformar distintas sociedades para alquilar campos”, elementos a los que el pequeño productor, por lo general, no accede. “Es embarrar la cancha”, opinó, ya que el Gobierno impulsa ahora el tratamiento de la ley que recién se aplicaría en la próxima campaña, porque para este año los contratos ya están cerrados. Entonces, reflexionó, “debería votarlo el próximo Congreso”.

Otro foco de conflicto es la imposición de un plazo mínimo de cinco años para los contratos de alquiler. Sólo algunos empresarios están de acuerdo con esta cláusula del proyecto original de FAA que persigue la conservación del suelo.

Por Julieta Camandone.