Está suspendido y volvería en octubre

Los diputados de la Coalición Cívica anticiparon ayer que, junto con el resto de sus pares opositores de la Cámara baja, insistirán la semana próxima en la derogación del polémico tarifazo de gas que el Gobierno volverá a aplicar a partir del 1° de octubre. Ese día vence la suspensión del cobro que dispuso la Casa Rosada a raíz del revuelo social que había generado la suba.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, ratificó hace pocos días que el mes próximo volverá a aplicar en las facturas de gas el polémico "cargo tarifario" que prevé subas de hasta el 300% para los usuarios residenciales. "La oposición va a insistir en la derogación del decreto 2067, que impone ese cargo", ratificó ayer el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica).

El problema se agudiza si se considera que, según el proyecto de ley de presupuesto 2010, el año próximo se mantendrá la reducción de los subsidios al sector energético en unos 5000 millones de pesos, lo que redundará en un alza en las tarifas, advirtieron los diputados.

Consenso de Washington
"El presupuesto 2010 ignora la profundidad de la recesión que vive el país y apela a una presión tributaria récord del 28,3 por ciento del PBI y a los tarifazos. Desconoce la gravedad de la situación social y sigue confiando en la teoría del derrame sustentado en los superávit fiscal y comercial, paradójicamente, los pilares que exigía el Consenso de Washington, que tanto critica el matrimonio Kirchner", asestó el diputado electo Alfonso Prat-Gay.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica, junto con Prat-Gay, formuló ayer diversas críticas al proyecto de ley de presupuesto que envió el Gobierno la semana pasada. Hicieron hincapié, especialmente, en el problema social: "El gasto social es claramente inferior a otras áreas, al tiempo que persiste en políticas focalizadas que no han dado resultados. El Gobierno insiste en tapar la pobreza con los datos mentirosos del Indec", fustigó el jefe de bloque, Adrián Pérez, que insistió en la aplicación de políticas universales de atención a la niñez.

"Apenas 1800 millones de pesos de los ingresos que se recaudarán por la presión tributaria y los tarifazos se destinarán a la asistencia social. Buena parte los concentra el nuevo plan que anunció la Presidenta, con el cual pretende generar empleo por medio de cooperativas. Sólo el 20 por ciento de los nuevos hogares pobres que genera este gobierno estarán alcanzados por el gasto social", sostuvo Prat-Gay.

La diputada Fernanda Reyes advirtió que "las exenciones impositivas benefician más a los proyectos de las compañías mineras que a las pequeñas y medianas empresas" y agregó que sólo el 8% de la obra pública presupuestada desde 2003 había sido ejecutada.