El Gobierno tendrá poderes extraordinarios hasta 2011

El gobierno de Cristina Kirchner se aseguró ayer la prórroga hasta 2011 de la ley de emergencia económica, una herramienta que le otorga amplias facultades para gobernar sin control parlamentario. Como no se le han introducido modificaciones, la delegación legislativa es igual a la que Eduardo Duhalde le pidió al Congreso en 2002, en medio de la peor crisis económica que sufrió el país desde el retorno de la democracia.

La extensión de la vigencia de la ley que sancionó el Senado será por los próximos dos años, lo cual le permitirá a Cristina Kirchner retener y ejercer esas facultades hasta el final de su mandato, y le ahorrará discutir, el año próximo, la continuidad de ese estado de excepción con un Congreso con mayoría opositora, como ocurrirá en los próximos dos años a partir del 10 de diciembre.

El resultado de la votación (38 votos a favor y 23 en contra) dejó en claro el rechazo de todo el arco opositor a la extensión de la vigencia de la norma. De hecho, sólo sumaron sus votos al kirchnerismo los aliados de siempre: los senadores de Tierra del Fuego José Martínez y María Rosa Díaz (ex ARI) y Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino).

La emergencia económica fue sancionada en 2002 y ésta es la quinta prórroga que se vota en siete años de vigencia.

Producto de aquella época de crisis, la norma delega amplias facultades en el Poder Ejecutivo que van desde la declaración de la emergencia en materias sanitaria y laboral hasta la posibilidad de realizar reformas al sistema financiero y cambiario sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso.

Otro de los aspectos centrales de la ley es la facultad que le otorga al Poder Ejecutivo para renegociar los contratos y las tarifas de los servicios públicos privatizados en la década del 90. Se trata de una potestad que le corresponde al Congreso, que, desde que sancionó la emergencia económica, sólo realiza un control posterior a los acuerdos llevados adelante por el Gobierno.

El de la necesidad de retener esa herramienta en las manos de la administración kirchnerista fue el principal argumento al que apeló el oficialista Fabián Ríos (Corrientes) para defender la iniciativa. "Estamos a mitad de camino de ese proceso, por eso es fundamental esta ley para que esas renegociaciones terminen con el mismo marco jurídico", aseguró.

Sin embargo, el radical Alfredo Martínez (UCR) se quejó porque el Gobierno ha usado esa facultad para avanzar sobre las empresas públicas, y citó como ejemplo el caso de Aguas Argentinas, estatizada con el nombre de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) en el gobierno de Néstor Kirchner.

Ríos también apeló a las crisis generadas por los brotes de gripe A y de dengue para justificar la extensión de la emergencia económica, al recordar que en virtud de esta norma el Poder Ejecutivo pudo destinar partidas por 100 millones de pesos para combatir ambas epidemias.

Rechazo opositor
Sin embargo, el proyecto mereció el rechazo unánime de toda la oposición, que lo calificó de inconstitucional y remarcó la incoherencia entre el pedido del mantenimiento de la emergencia con la mejora en los indicadores sociales y económicos de los que se jacta la administración kirchnerista.

Así lo hizo la peronista disidente Sonia Escudero (Salta), quien recordó, entre otros datos, que en 2002 la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza y el PBI caía un 11%, mientras que ahora, según datos del Indec, esos indicadores se ubican en el 13% y en un crecimiento promedio del 8,5%. "Si estos números son ciertos, cuál es la crisis, cuál es la necesidad de avanzar con la clausura del Congreso por los próximos dos años", sentenció.

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani (Sant