Proponen crear sistema de denuncia pública de evasores

El Gobierno del reelecto Daniel Scioli impulsa la creación de una figura de denunciante de evasores para que los propios vecinos de la provincia puedan informar al fisco sobre situaciones fehacientes y comprobables que afecten la recaudación de impuestos y reciban como recompensa una suma de dinero -con 10 mil pesos como tope máximo- equivalente a un porcentaje de las sanciones aplicadas al infractor.

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28deOctubrede2011a las07:56

En rigor, la estrategia de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) -que conduce Martín Di Bella- debe ser aprobada primero por la Legislatura. Años atrás, sin embargo, no logró prosperar una iniciativa de corte similar motorizada por el por entonces recaudador Santiago Montoya.

«El espíritu es alentar la conciencia tributaria y no apunta estrictamente a incrementar la recaudación», aseguraron fuentes gubernamentales a este diario, además de remarcar que «el Estado no deja de tener su rol fiscalizador, pero Economía faculta a ARBA a tomar denuncias de particulares».

El recurso del denunciante tributario está contemplado en el artículo 186 de la ley impositiva que el Gobierno bonaerense envió el miércoles a la Legislatura, y amenaza con generar una fuerte polémica.

Ese artículo faculta a ARBA a poner en práctica «en la forma, modo y condiciones que al efecto establezca, un sistema de «denuncia pública tributaria» a través de la cual cualquier interesado podrá poner en conocimiento hechos, actos, omisiones o situaciones que puedan llegar a constituir infracciones fiscales, constituir o modificar hechos imponibles, o que puedan vincularse con la recaudación de tributos».

Además de establecer que las denuncias no podrán ser realizadas en forma anónima, la normativa incluye una suerte de recompensa para el denunciante. «Tendrá derecho al pago de una suma de dinero equivalente a un porcentaje del monto de las sanciones tributarias que pudieran llegar a imponerse a los denunciados, que determinará la reglamentación», se indica.

El articulado dispone además que en ningún caso ese premio podrá superar los $ 10.000, y que el pago se hará efectivo «luego de producido el cobro de las sanciones impuestas como consecuencia de la denuncia».

Así, el Gobierno provincial busca incentivar las denuncias y estrechar el cerco sobre los evasores. De esa forma, por caso, un vecino podría denunciar a otro que amplió su casa y no declaró la nueva construcción al fisco. O dar cuenta de un comercio que no tiene habilitación o que no emite facturas.

«Habría que analizar la letra chica, porque temo que puede llegar a ser inconstitucional», sostuvo ayer la senadora radical Malena Baro (secretaria de la Comisión de Presupuesto y presidenta de la de Hacienda).

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