Quejas rurales por suba de tarifas en transporte de granos
Las gremiales agropecuarias expresaron ayer su rechazo al acuerdo firmado el lunes entre la Secretaría de Transporte y la Federación de Transportadores Argentinos, que fija un precio básico tarifario y permitió levantar el bloqueo al ingreso a los puertos cerealeros. A su vez, denunciaron que es "inconstitucional".
PorEn una nota conjunta, Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales negaron la validez de ese convenio.
“El acuerdo es claramente violatorio de la ley que rige el autotransporte de cargas en el orden nacional donde se sostiene la libertad de tarifas y contratación como bases fundamentales de sus disposiciones, al igual que en todas las legislaciones provinciales. Es de toda nulidad cualquier acto que obligue al Estado a quebrantar una ley nacional y más aún, la Constitución”, fundamentaron las instituciones.
Al respecto, alegaron que “frente al mismo conflicto, la provincia de Buenos Aires no dudó en poner en funcionamiento sus institutos legales, logrando por unanimidad un dictamen de su Comisión Asesora, integrada por las entidades históricamente representativas de los transportistas y dadores de carga, donde se ratificó el carácter orientativo de un nuevo cuadro tarifario, en consonancia con lo establecido por la legislación vigente”.
El lunes, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y representantes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) alcanzaron un acuerdo luego de una extensa negociación. Allí se estableció la fijación de un precio básico tarifario para el transporte de cereales que contemplará el reclamo de los transportistas de una suba del 30%.
De acuerdo con fuentes sectoriales, la gobernación de Scioli autorizó un aumento de un 15% en la tarifa, muy por debajo del piso que se discute ahora.
La tarifa quedará consignada en la carta de porte y será auditado y controlado por la AFIP a través del sistema de emisión del Código de Trazabilidad de Granos (CTG), el cual incluirá automáticamente la tarifa consensuada por la Transporte y la Fetra. “Esto va a evitar tarifas por debajo del piso, va garantizar que no existan las políticas que están existiendo hoy en muchos casos”, afirmó Schiavi.
Las entidades consideraron que reclaman sostuvieron que “la estrategia consiste en amenazar con una supuesta insolvencia empresaria y sus consecuencias laborales, para encubrir lo que verdaderamente se pretende, que es proteger la ineficiencia de algunas empresas”.
Las organizaciones también aclararon que podrían recurrir a “los medios legales pertinentes” por el tema.
