Imponen un polémico control a las cerealeras

Ser un operador no confiable a los ojos de la AFIP es estar en una lista negra. Así lo perciben las multinacionales exportadoras de granos que, a pesar de estar entre los principales contribuyentes al fisco, a partir de los derechos de exportación que tributan, son objeto de un hostigamiento sin precedente.

A los ojos del Gobierno, las cerealeras diseñaron esquemas de planificación fiscal "nociva", que erosiona la base imponible para el cálculo de Ganancias a partir de la triangulación de operaciones. Por eso redobló los controles físicos a los embarques. Las horas de operación se multiplicaron. Los costos lo hicieron en la misma proporción. Los márgenes de rentabilidad sufrieron un duro golpe y los incumplimientos encadenados de los contratos comenzaron a sucederse.

A fines del año último, la AFIP resolvió el control aleatorio de los embarques con el sistema de medición de calado y sondaje de tanques ( draft survey ) por cada destinación, cuando lo común era "pesar" en balanzas electrónicas (auditadas y certificadas por el INTI y la Aduana) la carga total del buque. El draft se reservaba como una medida de contraverificación en caso de dudas o inconsistencia entre lo declarado y el pesaje.

Este mecanismo llega al peso de la carga a partir de la diferencia entre el buque "pelado" y lo que cargó. Mide el grado de inmersión del buque arrojando seis sondas al agua (proa, popa, dos a babor y dos a estribor).

Mientras los puertos usan las balanzas, las navieras usan el draft como reaseguro para evitar reclamos a la hora de descargar en destino.

Los exportadores tenían la opción de elegir qué método usar de los dos para pesar los embarques. La mayor eficiencia, exactitud y velocidad de la balanza fiscal extendieron su uso entre todos los operadores.

Pero en julio último, la AFIP volvió a la carga y con la resolución 3506 estableció que la potestad de elegir el método recae ahora en la Aduana.

Este avance sobre el derecho del exportador de elegir cómo pesar su carga no se frenó ahí. El Centro Exportadores de Cereales (CEC) habría solicitado la revisión de la medida, detallando las imprecisiones, lentitud y el costo que caracterizan al draft , a raíz de la experiencia de los últimos ocho meses: uno de cada dos barcos, de un total de 925, demoró 19 horas más en puerto.

La AFIP respondió sin visos conciliatorios: la directora general de Aduanas, Siomara Ayerán, firmó la nota 630/2013, que instruye a todas las aduanas a utilizar sólo el draft para determinar peso y volúmenes de los granos. Así, el mecanismo de contraverificación aleatorio pasó a ser la norma del control para los exportadores.

Potestad

"El control es una potestad de la Aduana y las cerealeras no son operadores confiables", es la respuesta verbal que obtuvieron los exportadores de parte de altos funcionarios de la Aduana.

Ricardo Echegaray confesó querer cobrarles "hasta el último peso" a los exportadores. No sólo por la erosión fiscal que le genera a la AFIP la triangulación, sino por una deuda millonaria que se originó con la ley Martínez Raymonda, que estableció, a los ojos del Gobierno, la retroactividad en el pago de derechos de exportación. En 2008, ante el rumor de un aumento de los derechos de exportación de la soja (del 27,5 al 35%), los exportadores adelantaron declaraciones de exportación para congelar la alícuota.

En octubre de 2012, para la AFIP la deuda ascendía a US$ 500 millones (capital más intereses). Algunas pagaron, otras recurrieron al tribunal fiscal. Pero el administrador sugirió, con vehemencia, que desistieran de las acciones legales. Otras tantas, acorraladas por puertos cuyos expedientes de habilitación no prosperaban, o por casas matrices que preferían desistir, acataron. Las que insistieron en la vía legal sufren el tortuoso amedrentamiento de la inspección exhaustiva de los buques.

"Estamos en plena cosecha y esta medida amenaza con paralizar las exportaciones y la liquidación de divisas", si el Gobierno no revisa este método de control, indicaron los exportadores a LA NACION.

Argumentan, asimismo, que el draft survey podría ser impugnado por los clientes. "Estaríamos al borde del default del comercio de granos argentino", agregaron.

Dos abogados especializados en derecho aduanero destacaron además un detalle no menor: eldraft no está contemplado dentro del Sistema Métrico Decimal amparado por la ley de metrología legal (ley 19.511). Las balanzas fiscales sí son reconocidas.

El incumplimiento comercial podría precipitarse porque el precio internacional "se pacta sobre la base del dato que arroja la balanza, no sobre lo que dice el draft , tal como lo establecen los contratos regidos por la Grain And Feed Trade Association [Gafta]".

Por otra parte, indirectamente, se estarían provocando situaciones insólitas que resultan de las diferencias entre los dos métodos de medición: si el draft señala que se embarcó menos de lo que acusó la balanza, el exportador le estaría "regalando" mercadería al cliente, y el fisco perdería en liquidación de divisas y derechos de exportación.

Pero si el draft advierte que se cargaron más granos de lo que indicó la balanza, la Aduana podría concluir que el exportador declaró menos, lo que configuraría contrabando.

El sistema de medición de calados tiene, respecto de las balanzas electrónicas, la misma imprecisión que un reloj de sol tiene con uno mecánico para medir la hora. Mide el peso y el volumen de una carga viendo cuánto se sumerge el buque.

Pero debe, además, ponderar en el resultado las variables que pudieron haber alterado la medición: la fuerza del oleaje y del viento, la diferencia de peso entre el agua y la salada, qué tan escorado se encontraba el buque en el momento de la medición, etc.

LA NACION intentó sin éxito obtener la postura de la AFIP al respecto.