Nueva ley agrícola de EE.UU. podría afectar a Argentina
La Farm Bill garantiza un precio mínimo de cosecha, lo que generaría severas distorsiones, cuando Argentina depende en gran medida de los ingresos agropecuarios.
Si bien está causando bastante impacto la nota de tapa de la revista The Economist, dedicada a la decadencia económica de Argentina durante el último siglo, el diagnóstico pudo ser peor de haber tenido en cuenta la nueva ley agrícola sancionada en el Congreso de EE.UU.. Porque los analistas coinciden en advertir que su efecto podría ser devastador en los precios de los principales commodities que exporta el país, complicando aún más los ingresos fiscales vía retenciones a las exportaciones agropecuarias.
La nueva ley agrícola estadounidense, conocida como Farm Bill, que fue aprobada hace diez y que reemplazó una legislación de 2008, ya comenzó a generar preocupación en el resto del mundo, principalmente en aquellos países que son grandes productores de materias primas. Porque a pesar de que se destinen u$s 16.500 millones menos a subsidiar al sector agropecuario de EE.UU. (respecto de la ley anterior), su monto total (casi un billón de dólares en los próximos diez años) sigue siendo gigantesco en comparación con los recursos con que cuentan los demás países productores de commodities, a excepción de la Unión Europea (UE), que destina un poco más de la mitad de esa suma en ayudas al agro.
Si bien EE.UU. y la UE subsidian a su sector primario desde hace décadas, el problema que plantea la nueva Farm Bill es que se protegerá a los productores estadounidenses de los riesgos naturales (sequías o inundaciones) y de los riesgos financieros relacionados con la evolución de los precios de los productos básicos.
La ley brinda dos opciones de programas de ayuda al sector, para que cada productor elija la que más le convenga. La conocida como Agriculture Risk Coverage garantiza el subsidio cuando el ingreso del productor caiga por debajo de un valor promedio, mientras que la Price Less Coverage asegura un precio mínimo de cosecha fijado por la ley para cada cultivo. Este paquete incluye además una mayor partida presupuestaria para los seguros agrícolas, que contempla un subsidio equivalente al 70% de la prima que paga el agricultor por su póliza contra todo riesgo y que representa más del 80% de la producción total asegurada del país.
