Lechería, el cuento de nunca acabar
Como el volumen de producción supera el consumo nacional, la regulación de la exportación de lo que no se consume tiene un doble efecto.
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Alejado desde hace algunos años de la producción lechera, observo con tristeza la inutilidad del esfuerzo de los productores y sus sucesivos dirigentes gremiales, por torcer una ecuación económica negativa que los condena al estancamiento y a ciclos de descapitalización.
En esta actividad de dos períodos horarios por día durante los 365 días del año, son los productores más pequeños quienes tienen comprometido el mayor sacrificio personal. Son también los que más sufren y los que ven cómo se les escabulle el futuro, cómo envejecen, y cómo sus hijos se ausentan ante la falta de proyección y de perspectiva.
La leche es un producto estratégico en la mesa de los argentinos, y el gobierno controla su precio, al margen de cualquier consideración de costos. Los productores son pocos, y su situación no gravita en un contexto político y social donde se crean distintos condicionamientos a su actividad para contrarrestar en el bolsillo de los consumidores las consecuencias que generan la impericia y la corrupción gobernantes.
La Argentina produce anualmente unos 10.000 millones de litros de leche, que se industrializan en distintos productos y presentaciones. El consumo interno argentino se sitúa en el orden de los 200 litros por habitante y por año, siendo este consumo prácticamente inflexible a la suba, motivo por el cual, tenemos un excedente anual de entre 1.800 y 2.000 millones de litros que deberíamos exportar.
Este excedente constituye para la producción una sobreoferta, situación que es bien utilizada por la industria y el gobierno para desenvolverse con toda comodidad y planchar los precios al productor. Es que como el volumen de producción supera el consumo nacional, la regulación de la exportación de lo que no se consume tiene un doble efecto: por un lado una increíble ecuación de aseguramiento de ganancias para la industria, y respecto del mercado interno produce en los hechos un congelamiento de precios alentado por el gobierno para abaratar la canasta alimentaria básica. En suma, funciona como un subsidio al consumo impuesto a los productores a riesgo de su propio quebranto. Esto no es nuevo, y el último ofrecimiento de crédito por parte del ministro Kicillof, constituye una oferta de oxígeno circunstancial que, al traducirse en endeudamiento, se transforma en una pesada cadena que ata al productor a la obligación de producir a cualquier costo.
