Modos de extinción del contrato de trabajo agrario: supuestos e indemnizaciones

La asesora legal de Arizmendi, Dra. Marina Simondegui, explica todo lo que tenés que saber sobre la extinción del contrato de trabajo agrario.

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El nuevo Régimen de Trabajo Agrario contiene una serie de modificaciones e incorporaciones sustanciales. Aquí, los detalles.

El nuevo Régimen de Trabajo Agrario contiene una serie de modificaciones e incorporaciones sustanciales. Aquí, los detalles.

02deJuniode2016a las11:27

Nos explica la asesora legal de Arizmendi que si bien la reforma más importante habida en el marco de la regulación del contrato de trabajo agrario consiste en la incorporación de la Ley de Contrato de Trabajo como fuente del derecho agrario y la modificación del artículo 2 de esta norma, el nuevo Régimen de Trabajo Agrario contiene además una serie de modificaciones e incorporaciones sustanciales que, en algunos casos, importan la concesión de mejores derechos que los previstos en la LCT, tales como la eliminación del período de prueba (artículo 16 de la Ley 26727), que implica para el trabajador la adquisición de estabilidad -impropia- en el empleo desde el primer día de trabajo. Este punto, asimismo, guarda estrecha relación con lo regulado en el artículo 22 de la Ley 26727, sobre el tiempo de servicio necesario para acceder a la indemnización por antigüedad.

Modos de extinción del contrato de trabajo

El despido sin justa causa

El artículo 16 de la Ley 26727 establece expresamente que la extinción del contrato de trabajo permanente (continúo o discontinúo) se rige por lo dispuesto en el Título XII de la LCT (artículos 231 a 255 bis). Este punto trata de una incorporación de disposiciones de la ley general (LCT) al régimen especial del trabajo agrario (Ley 26727), por vía de remisión. De esta manera las formas de extinción del contrato de trabajo agrario son las previstas en los artículos citados.

Asimismo, en el caso de la extinción del contrato de trabajo por despido del trabajador se produce la incorporación de los institutos del preaviso y de la integración del mes de despido.

Con respecto a la indemnización por antigüedad, si bien en cuanto a su liquidación se aplican las pautas previstas por el artículo 245 de la LCT, el artículo 22 de la Ley 26727 establece que el trabajador no podrá recibir en dicho concepto un importe inferior a dos meses de sueldo, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

Dicha previsión (artículo 22 de la Ley 26727), sumada a la estabilidad que se adquiere desde el primer día de vigencia de la relación laboral (artículo 16 de la Ley 26727), coloca al trabajador agrario en una mejor situación respecto del trabajador que se desempeña en el marco del régimen de la LCT, según la cual la indemnización mínima que le corresponde percibir al trabajador es equivalente al importe de un mes de sueldo. Es decir que un empleado agrario despedido, cualquiera sea su antigüedad, tiene derecho a cobrar una indemnización por un monto equivalente a dos meses de sueldo.

En el caso de despido sin justa causa del trabajador permanente discontinuo, el trabajador tiene derecho a percibir las indemnizaciones previstas en el Título XII (artículos 231 a 255 bis) de la LCT, es decir, las mismas que para el caso del trabajador permanente continuo (artículo 16 de la LCT 26727). Ahora bien, el artículo 21 de la ley 26727 dispone que, en caso de que el despido se produzca encontrándose pendientes los plazos del ciclo o temporada, éste tendrá derecho también a la indemnización por daños y perjuicios proveniente del derecho común (artículo 95 de la LCT), la que se fijará en función directa con los daños que justifique haber sufrido quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o tribunal prudencialmente por la sola ruptura anticipada del contrato.

La antigüedad se debe computar en función de los períodos efectivamente trabajados dentro de cada ciclo o temporada. De este modo, las consecuencias indemnizatorias, en el supuesto de ruptura previo al cumplimiento del plazo o de culminación de la temporada, son más gravosas para el empleador que en el caso de la extinción del contrato por tiempo indeterminado.

Por otro lado, nos informa la asesora legal de Arizmendi, Dra. Marina Simondegui, que el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario otorga al trabajador temporario el derecho a percibir, al concluir la relación laboral, además del proporcional del sueldo anual complementario, una indemnización sustitutiva de sus vacaciones equivalentes al 10% del total de las remuneraciones devengadas.

Ahora bien, algunos autores entienden que en este caso no se trata específicamente de una indemnización, por cuanto no existe un despido en sí, sino que se trata de una compensación por las vacaciones de las cuales se hace acreedor el trabajador.

Otra parte de la doctrina sostiene que, haciendo una interpretación amplia y genérica de la expresión utilizada en el artículo 20: “concluir la relación laboral”, se debería entender que la misma incluye toda forma de finalización del vínculo, también la del despido, que, dadas las características del contrato temporario, necesariamente debe darse previo al vencimiento del plazo o conclusión del objeto que justifica el vínculo. Sin embargo, la primera interpretación es la que mejor compatibiliza con el principio protectorio (artículo 14 bis de la CN) y con el principio de no dañar al otro (artículo 19 de la CN), por cuanto un despido, estando pendiente el término, seguramente provocará daños al trabajador que no debieran quedar sin resarcimiento.

El trabajador en condiciones de jubilarse

Otro de los modos de finalización del contrato de trabajo agrario, que ha sido pasible de modificaciones respecto del régimen anterior es el que se produce por encontrarse el trabajador en condiciones o situación de jubilarse.

En tal sentido, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 252 de la LCT, cuando el trabajador reúna los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la Ley 24241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año.

Cabe destacar que durante la vigencia de la Ley 22248, según lo dispuesto por el artículo 72, la intimación a iniciar los trámites jubilatorios podía llevarse a cabo recién cuando el trabajador contara con los requisitos para hacerse acreedor al porcentaje máximo de jubilación. En efecto, se puede concluir que, en principio, la aplicación del artículo 252 de la LCT importa una modificación peyorativa para el trabajador agrario.

Asimismo, teniendo en cuenta que el artículo 252 de la LCT hace referencia a que la intimación puede producirse cuando el trabajador esté en condiciones de obtener una de las prestaciones de la ley 24241, la referencia es mucho más amplia que considerar que solo se produce el cese si el trabajador puede acceder a la jubilación ordinaria.

Si bien las prestaciones de la ley jubilatoria son varias, aquellas operativas para el supuesto previsto en el artículo 252 de la LCT son las que representan efectivamente prestaciones propias de condiciones de edad y antigüedad como es la llamada prestación básica universal en el régimen de reparto.

A los efectos de la extinción del contrato de trabajo por esta causal se debe considerar que el artículo 18 del Anexo del decreto reglamentario 301/2013 (artículo 78 de la ley 26727), enumera las prestaciones comprendidas en la jubilación ordinaria:

  • La prestación básica universal (artículo 19 de la Ley 24241)
  • La compensatoria (artículo 23 de la Ley 24241)
  • La prestación adicional por permanencia (artículo 30 de la Ley 24241)

En este contexto, aclara la asesora legal de Arizmendi que, si bien la Ley 24241 establece los requisitos de edad y años de prestación de servicios para la jubilación ordinaria, el artículo 78 de la Ley 26727 exige menor edad y menos años de servicios que los requeridos en la ley general. No obstante, la intimación solo se puede efectuar cuando el trabajador haya cumplido la edad requerida (60 años de edad para las mujeres y 65 años de edad para los hombres) y registre 30 años de servicios con aportes y la edad exigida rige sin distinción de sexo.

Por otro lado, el artículo 79 de la Ley 26727 contempla el supuesto en que el trabajador haya prestado tareas en el ámbito rural alternadamente con otras de cualquier naturaleza, por lo cual ha de estarse a lo dispuesto en cada uno de los regímenes que le resultara aplicable (por ejemplo, el agrario por un lado y el general según la Ley 24241 por el otro). En dicho caso, se debe efectuar un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas y actividades.

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