El suelo, un recurso para conservar
Con gran preocupación observamos que la erosión del suelo continúa incrementándose en el país, a pesar de los esfuerzos realizados por productores agropecuarios y organismos públicos y privados.
En la Argentina existen 105 millones de hectáreas erosionadas.
Con gran gran preocupación observamos que la erosión del suelo continúa incrementándose en el país, a pesar de los esfuerzos realizados por productores agropecuarios y organismos públicos y privados. Un estudio publicado por la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Fecic- en 2015, muestra que en la Argentina existen 105 millones de hectáreas erosionadas, lo cual representa un incremento de 45 millones de hectáreas, respecto de la estimación realizada hace 25 años. A la situación consignada debe agregarse la destrucción paulatina de nuestros bosques nativos, que a principios del siglo pasado cubrían algo más de 100 millones de hectáreas y en la actualidad están por debajo de las 27 millones de hectáreas. Para completar este panorama de maltrato histórico a los recursos naturales, debe mencionarse la destrucción de humedales y pastizales, producto del avance de la agricultura sobre estos ambientes, situación que ha empujado a la ganadería a ambientes de mayor fragilidad, con incrementos de los procesos de erosión del suelo y desertificación.
Mientras esta situación ocurre y se agrava año tras año, han naufragado en el pasado múltiples iniciativas discutidas por las sucesivas administraciones, para contar con legislación y un programa nacional de conservación del suelo que contribuya a evitar la destrucción de nuestro principal recurso productivo. Baste recordar que en 1940, a propuesta de la División de Suelos del Ministerio de Agricultura de la Nación, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el primer proyecto de ley de conservación del suelo. Sin embargo pasaron 40 años para que en 1981 y por medio de un decreto ley, se aprobara una ley de fomento conservacionista, que pocos años después quedó desfinanciada. Durante todos estos años se han verificado acciones conservacionistas importantes a cargo de instituciones públicas y privadas como el INTA, Aapresid, Aacrea, Universidades y estados provinciales, pero que ante la magnitud, velocidad de propagación y extensión del problema, han resultado insuficientes.