Plan Perotti: el gobierno de Santa Fe estima que para principios de agosto podría tomar el control de Vicentin
Hubo novedades judiciales en el caso de la empresa santafesina concursada.
"Los plazos procesales que hay que respetar indican que todos los plazos estarían concluidos hacia fin de mes o principios del otro. Creemos que son plazos excesivamente dilatorios, pero es lo que marca la Ley", comentó secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, a Radio Con Vos.
"El mejor remedio (para la empresa) es un shock de confianza mediante una intervención de naturaleza pública", agregó. Esto tiene que ver con el "plan Perotti" que recibió el visto bueno del presidente Alberto Fernández como opción "superadora" al proyecto de expropiación.
Fabián Lorenzini, juez del concurso preventivo de Vicentin, envió a la Cámara de Apelaciones de Reconquista los recursos de nulidad y apelación presentados contra la resolución que dispuso que los administradores de la empresa retomen el control de la firma, así como los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 que estableció la intervención.
La decisión del magistrado equivale a mantener a los directivos de Vicentin como administradores de la empresa concursada, hasta que la Cámara resuelva la controversia, informaron fuentes judiciales.
La resolución deja en suspenso entonces los planteos del Poder Ejecutivo, del designado subinterventor Luciano Zarich, de la Inspección General de Persona Jurídica de Santa Fe y del representante legal de los accionistas de Vicentin.
Fuentes judiciales comentaron a Télam que mediante esa resolución el juez puede continuar con el concurso preventivo mientras el tribunal superior resuelve los incidentes en legajos separados del expediente principal.
Suspensiones para la exportación
Lorenzini también ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Dirección General de Aduanas (DGA) levantar las suspensiones que pesan sobre la compañía en el registro de importadores y exportadores y habilitar las plantas cerradas como consecuencia de esas suspensiones.
El magistrado fundó su decisión en que “las deudas por las cuales se activó el sistema de suspensión e inhabilitación que aquí se reclama, resultan ser anteriores a la presentación de este proceso concursal”.
