Una entidad rural criticó la Ley de Manejo del Fuego: “Es el resultado de la incapacidad intelectual”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se refirió a la aprobación del Senado y sostuvo que atenta contra la producción y propiedad privada.

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Una entidad rural criticó la Ley de Manejo del Fuego: “Es el resultado de la incapacidad intelectual”
08deDiciembrede2020a las08:11

Este viernes el Senado aprobó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego impulsada por Máximo Kirchner. Esta legislación prohíbe por 30 años que los campos incendiados cambien su actividad económica o se vendan. 

Ante esta esta iniciativa, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señalaron que se trató de una pobreza intelectual. En este sentido señalaron: “Entendemos que esta nueva ley es el resultado de la incapacidad intelectual de los legisladores”.

Desde la entidad destacaron que la modificación no discrimina si hay intencionalidad o no el incendio. Por otra parte, la ley contempla que para terrenos con bosques nativos que se hayan incendiados deben permanecer 60 sin cambios.

Ver también: Se aprobó la nueva Ley de Manejo del Fuego

“Es de destacar que estas restricciones afectan profundamente el derecho de propiedad, además de ser aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios en el caso de situaciones naturales, provocados por terceros o accidentales, tan comunes en el sur de nuestras provincias de Buenos Aires y La Pampa en campos lindantes a vías del ferrocarril en tiempos de seca”, explicaron desde la entidad. También apuntaron contra los legisladores y argumentaron que se trata de una situación insólita e inconstitucional, porque se impide disponer del inmueble alterando el derecho a la propiedad.

En cuanto a la propiedad privada, Carbap remarcó que estas modificaciones a la ley, plantean una mirada prejuiciosa y muy injusta sobre el productor agropecuario, en quien recae la culpabilidad del hecho aun no siendo responsable. “También, afecta la garantía constitucional de presunción de inocencia, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna y restricciones por décadas”, concluyeron.

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