Un pueblo y una empresa deberán afrontar una multa de $200.000 por día

La localidad entrerriana de Pueblo General Belgrano y la empresa constructora Altos de Unzué fueron sancionadas por no realizar obras pedidas por la justicia

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Un pueblo y una empresa deberán afrontar una multa de $200.000 por día
09deSeptiembrede2022a las15:56

La Municipalidad de Pueblo General Belgrano –una localidad de la provincia de Entre Ríos- y la empresa Altos de Unzué deberán pagar $200.000 de multa por cada día en el que no se avance en los trabajos para desmantelar un barrio privado que generó la crecida del río Gualeguaychú e inundaciones.

Así lo dispuso el juez entrerriano Javier Mudrovici, en una resolución que se conoció el pasado jueves. 

Télam repasó que la medida se da luego de años de reclamos por parte del municipio de Gualeguaychú –localidad vecina a Pueblo General Belgrano- que en 2019 había pedido la “paralización y demolición” de las obras en el barrio náutico Amarras. Según este distrito, las obras que se llevaron adelante para elevar la tierra provocaron la crecida del río y, a causa de las inundaciones, se debió evacuar a más de 150 personas en varias oportunidades. 

Además, ante el avance del agua, muchos lugares emblemáticos de Gualeguaychú –como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto– fueron afectados por las inundaciones. Por el contrario, el barrio Amarras fue el único lugar que no quedó bajo agua en la zona. Según la denuncia, “el agua que desplazaba ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas”. 

Si bien la justicia de Entre Ríos había permitido continuar los trabajos, esta decisión fue revocada en julio del año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Así, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano (STJER) debió realizar un nuevo fallo al respecto.

A pesar de un recurso extraordinario interpuesto por la municipalidad de Pueblo General Belgrano, el gobierno de Entre Ríos y la empresa constructora del barrio Amarras, en noviembre pasado la CSJN rechazó esta medida judicial y mantuvo su decisión de paralizar las obras. Así fue que la justicia provincial ordenó la “demolición, desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior” a la construcción del barrio, tras detectar “la alteración negativa del medio ambiente”. 

En su fallo, los jueves entrerrianos consideraron que quedó “efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente”, y la decisión se basa en “la prevención del daño futuro”, en “la recomposición de la polución ambiental ya causada” y en generar “un resarcimiento pecuniario” por los “daños irreversibles”. De esta manera, la empresa “Altos de Unzué”, encargada de la construcción, y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde se construyó el barrio privado, tenían 180 días para el desmantelamiento de la zona.

Cumplido este plazo, no hubo cambios en el barrio ni indicios de que empresa y municipio tengan “voluntad de cumplir” esta sentencia. Por este motivo, el juez civil y comercial de Gualeguaychú, Javier Mudrovici, estableció llevar adelante el desmantelamiento e impuso una multa de $200.000 a la constructora, la municipalidad y el gobierno provincial, como “multa” por cada día de atraso en cumplir con el fallo.

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