Los acopios realizarán denuncias penales por el paro sorpresivo de un gremio: "Actúan como profesionales de la intimidación"

La Federación de Acopiadores impulsará las acciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación

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Los acopios realizarán denuncias penales por el paro sorpresivo de un gremio: "Actúan como profesionales de la intimidación"
18deOctubrede2022a las19:43

Recientemente, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) comenzó un conflicto con una empresa de legumbres -que no acopia granos ni es socia de la Federación de Acopiadores- al exigirles pasar empleados afiliados de UATRE a URGARA, lo cual debería someterse legalmente a un tema de estricto encuadramiento sindical.

En un acto de irresponsabilidad e ilegalidad, URGARA realizó en el día de la fecha, y en forma abrupta, un paro general contra todo el acopio de granos, con extensión a controladores y exportadores, con el fin de que se presione a la empresa -que no pertenece al sector del acopio-.

En una carta enviada a todos los socios, Acopiadores sostiene que URGARA está ejerciendo una suerte de extorsión y eso es inaceptable. No cumplen con sus obligaciones de defender las fuentes de trabajo porque, como corresponde, estos días serán descontados del salario.

Desde el sector acopiador sostienen que lo único que les preocupa es su cuota sindical. “Claramente no están a la altura de los acontecimientos actuales, donde Argentina debe salir de una crisis de magnitud con esfuerzo y producción. Actúan como profesionales de la intimidación vulnerando preceptos básicos constitucionales, con lo cual boicotean a todos los argentinos para sumar unos pesos más a su sindicato”, sostiene la Federación de Acopiadores.  

Por eso, desde la entidad le piden a todos los asociados que, en caso de verse impedidos de operar hagan las denuncias penales correspondientes para poner a los irresponsables en el marco de la Ley.

Bajo este marco, la Federación de Acopiadores impulsará las acciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación como autoridad de aplicación en la materia, solicitando las sanciones legales correspondientes que incluya en su caso la quita de personería jurídica en virtud de las conductas asumidas por sus dirigentes.

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