Rechazo a la norma que fijó el pago de las deudas por insumos
Los puntos esenciales de la norma, que fue publicada el jueves último en el Boletín Oficial, establecen que en los contratos en dólares por compraventa de insumos el precio se cancelará tomando en cuenta la cotización del dólar (comprador mayorista del Banco Nación) con las siguientes deducciones: trigo, maíz, soja y girasol, 25 por ciento; carne, 40%; lácteos, 50%; los demás (frutihorticultura, maní, arroz y otros), 60 por ciento.
Además, indicó que aquellas operaciones que fueron abonadas mediante tarjetas de crédito se considerarán "canceladas". Y también que las operaciones en pesos no sufrirán cambios "de ninguna índole a los fines de su cancelación". A su vez, derogó la resolución 10 del Ministerio de Economía.
El presidente de la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA), Carlos Salvador, expresó: "No estamos satisfechos, se cambiaron las reglas de juego y se crea inseguridad jurídica ya que se va en contra de lo que se había establecido: la resolución 10".
El directivo dijo a LA NACION que las compañías proveedoras registrarán una pérdida adicional de US$ 250 millones a los US$ 600 millones que habían padecido con anterioridad.
"Los grandes perdedores son los proveedores de insumos y los productores que ya cancelaron sus deudas y los grandes ganadores son los que forman parte de la minoría bulliciosa que lucha contra nuestra posición. No estamos satisfechos con la posición de las entidades", opinó el titular de ACTA.
Salvador opinó, además, que los productores no tuvieron una conversión de 1 a 1 en la venta de los granos y que las empresas se verán afectadas también por los descuentos establecidos para frutihorticultura fijados en la categoría "los demás".
<>Productores
<>En tanto, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, señaló que la resolución "cayó muy mal" y es "perjudicial" para los productores. "La solución debió haber surgido de un acuerdo privado", opinó el dirigente, y añadió que la medida es "arbitraria".
La Rural emitió un comunicado en el que expresó que "se sigue discrimiando al sector más dinámico de la economía nacional, se atenta contra la inversión y se resta transparencia a las acciones del Estado".
A su vez, la Federación Agraria Argentina (FAA) consideró que el Gobierno "ha optado nuevamente por los sectores que ostentan posiciones dominantes, dejando a los sectores más débiles expuestos ante grupos sumamente poderosos económicamente". En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) opinó que las medidas "quiebran la asimetría de la cadena agropecuaria y demuestran la falta de políticas activas para reactivar la actividad rural". La entidad objetó la intervención del Estado en el tema y recordó que "en las negociaciones que se realizaron oportunamente entre las cámaras de proveedores de insumos y la dirigencia rural se habían alcanzado resultados más satisfactorios de los que dictaminó el Gobierno".
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) destaca que la resolución conjunta "vulnera el principio de igualdad ante la ley, garantizado en la Constitución Nacional, utilizando el criterio de posibilidad de pago, según la ecuación de rentabilidad de la explotación en vez de encarar el problema por ver cuál es el insumo o la componente del insumo afectada por la devaluación".
