Se buscaba desterrar el cuatrerismo, y aumentó
Algunos productores advirtieron que están armados para actuar por mano propia, denuncian un negocio ilegal de 5 millones de pesos por año
14deAbrilde2003a las08:12
El robo de ganado en pie o "en mochilas", faenado, alcanzó proporciones escandalosas en Entre Ríos, y las autoridades judiciales, legislativas y policiales no logran coincidencias mínimas para frenarlo, en una provincia con 4 millones y medio de vacunos, más ovejas y caballos.
Los productores ofrecen combustible a la policía rural para que patrulle, y algunos jueces detienen a los imputados de abigeato, pero en general el presupuesto policial es escaso para recorrer los 24.000 kilómetros de caminos naturales de esta provincia, y la Justicia rechaza por inconstitucional una norma que impedía la excarcelación de imputados en este tipo de delito.
Así, algunos cuatreros se animaron a amenazar a los productores que los denunciaban, e incluso llegaron a matarles los perros, como señal de advertencia. Mientras las autoridades de los tres poderes discuten, "las cuatrereadas aumentaron, tenemos unas 90 denuncias por mes de robo de ganado en pie o de carneadas a campo, y a principios de 2002 estábamos en las 75 más o menos", reveló a LA NACION Gustavo Maslein, jefe de operaciones de la policía rural, con sede en la ciudad de María Grande.
Indices
El número no incluye las infracciones por faena clandestina, es decir, aquella que se realiza sin la declaración exigida para el control sanitario e impositivo. Pero según algunos ruralistas, estos índices no reflejan el verdadero problema porque, ante la ineficacia policial, la mayoría de los productores optaron por no denunciar formalmente.
"El abigeato es un negocio que podría mover más de 5 millones de pesos al año porque tenemos referencia de que roban hasta 50 animales por mes por departamento (hay 17 departamentos), y pretenden combatirlo con la policía rural que tiene 7400 pesos para combustible por mes en toda la provincia", se quejó el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales (Farer), Martín Fagalde.
Durante una reciente reunión con miembros del Superior Tribunal de Justicia algunos productores advirtieron que están armados y que no tendrán más remedio que actuar por mano propia si los cuatreros reiteran sus fechorías. De hecho, ganaderos del Norte contrataron seguridad privada para cuando juntan el rodeo para la vacunación o el servicio de las hembras.
Para el productor Alfredo Bel, el robo de ganado "salta en todas las reuniones de las entidades representativas del campo, los jueces nos dejaron la idea de que van a declarar inconstitucional la no excarcelación, y es un delito que crece tanto en aquellos casos que llamamos robo famélico, donde la carne llega a las carnicerías, como en el caso de las bandas organizadas".
El gobierno provincial promulgó una ley que modificó artículos del Código Procesal Penal, particularmente el número 314, para quitar a través del inciso C el beneficio de la excarcelación a personas imputadas del delito de abigeato. Pero dos cámaras de Concepción del Uruguay y Paraná declararon inconstitucional esta reforma y permitieron la liberación de la mayoría de los detenidos por robo de animales. Hoy, los fiscales ya no apelan la inconstitucionalidad, es decir, todos los sectores piensan que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarará inconstitucional la "mano dura" dispuesta por los legisladores. Un integrante del STJ ya expresó que su desacuerdo en "declarar la vaca de oro", en referencia a que hay robos de otros bienes más valiosos que permanecen excarcelables.
La puja entre legisladores y jueces respecto del abigeato puso en cuestión todo el sistema judicial, y por eso se reunieron por primera vez en la historia 25 jueces de instrucción para declarar que el actual sistema no funciona (para éste y otros delitos) y pedir reformas, en una carta dirigida al STJ.
Los productores ofrecen combustible a la policía rural para que patrulle, y algunos jueces detienen a los imputados de abigeato, pero en general el presupuesto policial es escaso para recorrer los 24.000 kilómetros de caminos naturales de esta provincia, y la Justicia rechaza por inconstitucional una norma que impedía la excarcelación de imputados en este tipo de delito.
Así, algunos cuatreros se animaron a amenazar a los productores que los denunciaban, e incluso llegaron a matarles los perros, como señal de advertencia. Mientras las autoridades de los tres poderes discuten, "las cuatrereadas aumentaron, tenemos unas 90 denuncias por mes de robo de ganado en pie o de carneadas a campo, y a principios de 2002 estábamos en las 75 más o menos", reveló a LA NACION Gustavo Maslein, jefe de operaciones de la policía rural, con sede en la ciudad de María Grande.
Indices
El número no incluye las infracciones por faena clandestina, es decir, aquella que se realiza sin la declaración exigida para el control sanitario e impositivo. Pero según algunos ruralistas, estos índices no reflejan el verdadero problema porque, ante la ineficacia policial, la mayoría de los productores optaron por no denunciar formalmente.
"El abigeato es un negocio que podría mover más de 5 millones de pesos al año porque tenemos referencia de que roban hasta 50 animales por mes por departamento (hay 17 departamentos), y pretenden combatirlo con la policía rural que tiene 7400 pesos para combustible por mes en toda la provincia", se quejó el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales (Farer), Martín Fagalde.
Durante una reciente reunión con miembros del Superior Tribunal de Justicia algunos productores advirtieron que están armados y que no tendrán más remedio que actuar por mano propia si los cuatreros reiteran sus fechorías. De hecho, ganaderos del Norte contrataron seguridad privada para cuando juntan el rodeo para la vacunación o el servicio de las hembras.
Para el productor Alfredo Bel, el robo de ganado "salta en todas las reuniones de las entidades representativas del campo, los jueces nos dejaron la idea de que van a declarar inconstitucional la no excarcelación, y es un delito que crece tanto en aquellos casos que llamamos robo famélico, donde la carne llega a las carnicerías, como en el caso de las bandas organizadas".
El gobierno provincial promulgó una ley que modificó artículos del Código Procesal Penal, particularmente el número 314, para quitar a través del inciso C el beneficio de la excarcelación a personas imputadas del delito de abigeato. Pero dos cámaras de Concepción del Uruguay y Paraná declararon inconstitucional esta reforma y permitieron la liberación de la mayoría de los detenidos por robo de animales. Hoy, los fiscales ya no apelan la inconstitucionalidad, es decir, todos los sectores piensan que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarará inconstitucional la "mano dura" dispuesta por los legisladores. Un integrante del STJ ya expresó que su desacuerdo en "declarar la vaca de oro", en referencia a que hay robos de otros bienes más valiosos que permanecen excarcelables.
La puja entre legisladores y jueces respecto del abigeato puso en cuestión todo el sistema judicial, y por eso se reunieron por primera vez en la historia 25 jueces de instrucción para declarar que el actual sistema no funciona (para éste y otros delitos) y pedir reformas, en una carta dirigida al STJ.
