Evasión y presión fiscal: dos caras de una moneda

El reclamo por facilidades impositivas se topa con las dificultades recaudatorias en el campo.

21deAbrilde2003a las08:18

A menos que desde el Ejecutivo exista un ensañamiento con el sector agropecuario, la negativa del presidente Duhalde de acceder a los reclamos impositivos de las entidades rurales debería llamar a la reflexión. ¿Por qué Economía -si es que de allí parte la negativa- insiste con la alícuota del IVA diferencial y en no permitir un ajuste en el impuesto a las ganancias a los productores?

No hay un estudio serio que estime cuál es el grado de evasión en la actividad agropecuaria, pero la percepción desde los organismos fiscales es que es alta. En el comercio granario, donde el 82% tiene como destino la exportación, el Estado tenía que devolver un IVA que luego no recaudaba de la cadena. Bajar la alícuota del impuesto a la mitad y aumentar al máximo posible el porcentaje retenido fueron las únicas dos vías que encontró la AFIP para reducir la evasión. "Lo que hacemos es subir el costo de la evasión", explican en las oficinas del ente recaudador. "Antes les bastaba inscribir a un indigente como operador granario, ahora tienen que recurrir a armar sociedades de responsabilidad limitada, y eso es más complejo", sostienen.

La madre de la evasión
Puede parecer increíble, pero un productor agropecuario, sea persona física o jurídica, no tiene obligación de emitir factura. Va de nuevo. Un ganadero que tenga mil hectáreas por valor de 800.000 dólares, un rodeo de madres por otros 275.000 y que venda todos los años terneros por valor u$s100.000 no tiene la obligación de emitir una sola factura. Lo hacen las casas consignatarias "por cuenta y orden de". Lógicamente, una inspección al establecimiento jamás podría hacer lo más elemental que es pedir todas las facturas en orden correlativo y cruzarlas con los compradores como sucede en otras actividades económicas, incluidos los profesionales.

Lo mismo sucede con la venta de cereal, donde la "facturación" la hace el comprador a través del formulario 1116.

"Esto es un despropósito además de una inequidad", se quejan en el organismo recaudador. El origen de esta particular operatoria hay que rastrearlo a principios del siglo XX, cuando el productor agropecuario promedio era una persona con escasa educación, incapaz de realizar tareas administrativas o contables. Pero hoy, hasta los mismos contadores reconocen por lo bajo que es una situación inadmisible.

Sintomático
Los recaudadores no dejan de señalar que no tienen acceso a la información de los planes de vacunación, lo cual les permitiría conocer cuánta hacienda se le vacunó a un productor dado, ya que esa información está protegida por un denominado "secreto sanitario". Otro tanto pasa con la información censal, que se protege por "secreto estadístico". Sin embargo, algo debe estar fallando, ya que mientras que se estima que la última campaña de vacunación contra la aftosa requirió 55 millones de dosis, el Censo Nacional Agropecuario de 2002 habla de 46,9 millones. Analistas privados estiman que el rodeo podría ser de 51 a 53 millones, de manera que la diferencia de cabezas puede representar 4 a 6 millones, o sea entre $2.000 y 3.000 millones.

Viene de lejos
En su obra sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, el historiador británico John Lynch no deja de observar la informalidad del país en materia tributaria hacia 1830. "El dueño de una estancia de treinta mil cabezas de ganado, que en el estado actual de nuestras fortunas figura entre los más ricos hacendados del país, podrá cancelar su cuenta corriente con el erario entregando el valor de cuatro novillos", escribe Lynch en la página 68, citando a su vez a Pedro de Angelis, una suerte de vocero de Rosas en aquella época.

Entre otras cosas, Lynch señala que los ingresos de la provincia de Buenos Aires venían entre 80 y 90% d

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