La emergencia en la picota

Hay coincidencia en que el sistema actual de emergencia agropecuaria no da una respuesta eficiente a las necesidades de los productores que padecen esta situación. ¿Por qué? Porque los beneficios previstos en la ley 22.913, que data de 1983, que de por sí no eran muchos originalmente, han ido perdiendo vigencia, hasta quedar reducidos en la actualidad a la prórroga de los impuestos nacionales que gravan el patrimonio, los capitales o las ganancias, la suspensión de acciones judiciales por parte de la AFIP, ídem por parte de la banca pública en el caso de las deudas y la prórroga y renovaciones de las obligaciones pendientes con esta misma banca, con quitas en la tasas de interés, como los aspectos más importantes.

Otros beneficios que preveía esa ley, como la exención del pago del arancel en el Mercado de Liniers o descuentos en los fletes desde y hacia zonas de desastre a través de empresas estatales, han quedado obsoletos.