Otra vez polémica por la Hilton

Esta semana, la distribución de la cuota Hilton volvió a desatar una fuerte polémica pública entre la secretaría de Agricultura y el consorcio ABC, que agrupa a varios de los frigoríficos más grandes del país.

Pocos días después de que el gobierno distribuyera el cupo de exportaciones cárnicas más caro del país, el ABC se presentó a la secretaría para impugnar la resolución respectiva e interponer un recurso de reconsideración.

Según un comunicado de prensa del ABC, el consorcio solicitó también la suspensión de los efectos de la resolución, al mismo tiempo que detalla lo que denomina "irregularidades cometidas por la secretaría".

Entre ellas, se hace referencia a "la adjudicación de cuota Hilton a empresas no habilitadas por la Unión Europea", el destino hacia donde se dirigen esos cortes especiales por 28.000 toneladas, que hoy rondan un valor de 8.500 dólares por tonelada. Es decir, que generan ingresos por casi 250 millones de dólares.

El ABC también sostiene que se adjudicó cuota a "empresas en quiebra y a compañías que no cumplen con sus obligaciones impositivas, previsionales y sanitarias, en clara violación a la normativa vigente".

La respuesta de la secretaría a la presentación del ABC llegó el jueves, a través de un escueto comunicado. Allí, se sostiene que el recurso interpuesto por el ABC "está destinado a evitar la entrega del certificado de autenticidad de la cuota Hilton sólo a algunas de las empresas incluidas en la distribución de dicha cuota".

Y, acto seguido, sostiene que "en este sentido, la vía recursiva deducida en el ámbito administrativo es sólo parcial, no afectando la totalidad de la cuota asignada".

El conflicto por la Hilton se fue complicando en los últimos meses, como consecuencia de la gran cantidad de medidas cautelares dispuesta por diversos magistrados, en respuesta a la solicitud de muchos frigoríficos que recurrieron a la justicia para defender los derechos que consideraban tener en la materia.

Así, las medidas ordenadas por los jueces totalizaron casi la mitad de las 28.000 toneladas, por lo que la secretaría sólo pudo distribuir la parte no judicializada.

De esta forma, se hizo más difícil cumplir con la resolución que establece cómo repartir la cuota, que habla de adjudicarla en función de los antecedentes exportadores de cada planta.

Ante esta situación, ABC dijo en su comunicado que "la secretaría de Agricultura está desobedeciendo la resolución vigente".

El gobierno se defendió argumentando que "la actuación de la secretaría en esta materia ha sido consecuente con las diversas órdenes judiciales impartidas por los jueces de los diversos fueros, las que deben ser acatadas por la SAGPYA, más allá de que las citadas órdenes fueron debidamente apeladas por el servicio jurídico del ministerio de Economía".

La andanada de cruces de un lado y del otro se produjo tanto en forma oficial, a través de los comunicados, como a través de declaraciones "off the record".

Un alto funcionario de la secretaría le dijo a Clarín que "la posición del ABC es contradictoria, porque ellos son los responsables del 70 por ciento de las medidas cautelares. Y lo que están haciendo con esto es profundizar más la judicialización".

Desde uno de los frigoríficos más importantes del ABC manifestaron a este diario que la secretaría trata de instalar la idea de que hay un conflicto dentro del grupo. Y sostuvieron que "no hay ruido interno en el consorcio".

La polémica se produce cuando la Argentina tiene vedada la exportación de carne a la UE desde las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Jujuy, por el foco de aftosa que apareció cerca de Tartagal en setiembre pasado. Y, por esa razón, desde la UE miran con lupa lo que aquí sucede. Sin emba