El Senasa se enfrenta con los entes privados

La fiebre aftosa es, además de la mayor limitación para las exportaciones de carnes argentinas, un negocio interno nada desdeñable. En la Argentina, luego de la reaparición del mal en 2001, la vacunación obligatoria del ganado empezó a mover más de 100 millones de pesos anuales.

Existe un solo laboratorio proveedor -Biogénesis- y la comercialización e inoculación de las dosis es exclusividad de los entes sanitarios, compuestos por representantes de las entidades del agro y veterinarios.

Esto produjo roces con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que evalúa retomar el control de los programas de vacunación con la eventual modificación de las resoluciones 624/01 y 623/01, dictadas por el ex titular del Senasa, Bernardo Cané, para recrear este mecanismo de lucha contra la enfermedad.

Aunque en el Senasa señalaron que el ámbito de discusión de estos temas es el Consejo de Administración del organismo, del cual participan delegados de las cuatro centrales rurales, los cierto es que algunos asesores de Jorge Amaya, titular del organismo, aconsejaron restarles facultades a los entes, porque ahora también bregan por hacerse cargo de aspectos de la sanidad vegetal.

El Senasa cuenta con miles de empleados en todo el país y un presupuesto de 110 millones de pesos anuales. Sin embargo, las tareas de inoculación y contralor epidemiológico de la aftosa se delegaron en las fundaciones de productores agropecuarios para emular un sistema que acercó buenos resultados en los primeros años de la década del noventa.

En este contexto, unos 150 representantes de estos entes reclamaron hace una semana al Senasa accionar con mayor energía contra la resolución del juez federal de Río Cuarto que autorizó la comercialización de vacunas antiaftósicas y la inoculación del ganado a seis veterinarias de La Carlota, Córdoba.

Los productores agropecuarios, que respondieron a una convocatoria de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la ciudad de Buenos Aires, rechazaron al mismo tiempo cualquier modificación de las normativas que los amparan.

"Manifestamos nuestra total disconformidad ante la inacción del Senasa frente a la resolución del juez porque vulnera un sistema coparticipativo exitoso que nos ha reinstalado en el mercado internacional de carnes", sostuvieron las entidades en una carta remitida al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos.

La misiva expresa, además, una dura queja por la ausencia del presidente del Senasa, Jorge Amaya, en la reunión -"que se realizó a sólo tres cuadras de su oficina"- y califica de "inaceptables" a algunos asesores del organismo, como Alberto Pecker. "Estos son detractores constantes de nuestros entes sanitarios y protagonistas de los lamentables sucesos en la reaparición de la aftosa en la Argentina de 2000", expresa la carta.

Campos, que llegó sobre el final del encuentro, anunció que evaluaría "relevos" en los cargos jerárquicos del Senasa.

Si bien el fallo de Córdoba sólo alcanza a unas pocas firmas, genera un antecedente sobre la cuestión de fondo y motivaría numerosas presentaciones similares. "Donde las veterinarias participan del comercio`, la vacuna es más barata porque no está manejada por un monopolio", argumentó el abogado Esteban Asoardi, que representó a las empresas.

A la vez, el Frente Agropecuario Nacional (FAN) apoyó el fallo porque "permite a los productores er vacunar sus rodeos sin costos operativos ni gastos burocráticos y comprar las vacunas en cualquier local habilitado por el Senasa", señaló.