El campo pierde competividad por la excesiva presión tributaria

Los funcionarios no tienen fundamentos para pedir el desmantelamiento de los subsidios al agro, que aplican los países más desarrollados del mundo.

10deDiciembrede2003a las16:03

Si algo caracterizó a nuestro país en los diferentes foros internacionales fue que siempre se luchó contra la aplicación de los subsidios agrícolas distorsivos, por parte de la Unión Europea, los Estados Unidos o Japón. Argentina defendió siempre con importantes fundamentos su postura, y se jugó en contra de los objetivos perseguidos por los países desarrollados para compensar la falta de competitividad de sus agricultores.

El posicionamiento de nuestro país, aunque no fue aplicado, siempre fue escuchado con atención y reconocido en todos los foros internacionales. Pero esta postura era coherente, ecuánime y sólida cuando en el país no existían los innumerables impuestos distorsivos y las aberrantes retenciones que se instalaron contra el campo con la ruptura de la convertibilidad.

Parecía ser que los políticos argentinos no comprendían que durante la convertibilidad habían desaparecido del mapa el grueso de los pequeños y medianos productores y se habían hipotecado más de un millón de hectáreas de productores agropecuarios.

Debilidad

Ahora había que ir por más, no tan sólo por los que menos tenían sino también por los grandes.

Las retenciones impuestas al agro ocasionaron un debilitamiento de la histórica posición Argentina en favor de la liberalización del comercio y en contra de cualquier práctica distorsiva. Esta medida le pegó en centro del corazón al hombre de campo argentino.

Ahora bien, con qué solvencia moral se mostrarán ahora los funcionarios argentinos en los foros internacionales para pedir por el desmantelamiento de las políticas de subsidios al agro, altamente distorsiva, formadas por restricciones al ingreso (elevadas tasas arancelarias) o por la competencia desleal causada por subsidios internos a la producción y subsidios a las exportaciones.

Mientras tanto, en nuestro país el Gobierno “castiga” literalmente a sus propios productores con una aberrante carga impositiva. No cabe duda que mientras no sean retiradas las retenciones y un sinfín de impuestos distorsivos, se habrá perdido coherencia no tan sólo en las negociaciones internacionales, sino con los mismos productores argentinos, por los mentirosos discursos populistas que más de un funcionario predicó a viva voz, al decir que sus políticas apoyarían a los que efectivamente quisieran producir. Pero vemos que todas las explicaciones brindadas al Gobierno por las asociaciones de productores cayeron en saco roto y la dirigencia política contraatacó al sector que históricamente fue el de mayor producción en el país. Contra esto surgieron cada vez más proyectos de ley retrógrados y confiscatorios para las economías de los productores. Un ejemplo reciente y concreto fue el presentado por el diputado Mario Cafiero (ARI).

El mismo proponía aumentar las retenciones de la soja a un 30% y el de sus derivados al 35%, lo que por supuesto causó un gran malestar en el sector sojero del país y desató un enfrentamiento entre el sector productivo y la clase política argentina.

Preocupación

El Foro “Argentinos a las Cosas”, publicó un informe en donde manifiesta su gran preocupación por la elevada carga tributaria que pesa sobre los productores de soja en nuestro país, que no está compuesta sólo por las retenciones a las exportaciones.

Hay que sumarle un 35% del Impuesto a las Ganancias; el 1% sobre el total de los activos en concepto del Impuesto a la Renta Mínima Presunta (sin importar el pasivo); el 1% promedio según las provincias al Ingreso Bruto; el 1% anual del valor del campo en concepto de Impuesto Inmobiliario (por ejemplo en Bs. As.). Y como si esto fuera poco, el 70% del total bruto del rubro salarios y jornales se deriva al Esta

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