Hace falta una efectiva gestión fiscalizadora

En los últimos quince años se ha instalado en el ámbito mundial un fuerte debate sobre los derechos de propiedad en general y, especialmente, sobre los derechos de propiedad intelectual, dentro del cual se encuentran los Derechos de Patentes y los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales. Este debate se hace particularmente intenso a partir de la aparición de los primeros eventos transgénicos y el neto liderazgo tecnológico de las economías centrales, lo que produce una reacción positiva de los organismos multilaterales, en el sentido de buscar un equilibrio entre las contrapartes generando normas como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones Unidas-1992), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (GATT-1993) y el Compromiso Internacional sobre los Recursos Filogenéticos (Res. 8 Conferencia de la FAO-1983).

Estas disposiciones establecen, entre otras cosas, la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y el acceso a los recursos genéticos, introduciendo el criterio de los derechos del agricultor dentro de las normas del derecho internacional, haciendo expreso algo que la normativa de la mayoría de los países tiene incorporado de diversas maneras en su legislación sobre este tema (Argentina-ley 20247- Art. 27). Existe además una organización intergubernamental conocida como la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que estableció en 1961 el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), sometido a revisión en los años 1972, 1978 y 1991.