Penalistas critican que el Gobierno aplique la ley de abastecimiento
La norma fue suspendida parcialmente en 1993, pero hay un inciso aún vigente del que se vale el Ejecutivo
La decisión del Gobierno de desempolvar la ley de abastecimiento 20.860, esta vez para tener aval legal en la intervención de la distribuidora Metrogas, planteó una acalorada discusión entre abogados penalistas.
Los especialistas consultados por LA NACION acuerdan en un punto inicial: en 1993 fue suspendida la vigencia de la polémica ley sancionada en 1974, a excepción del inciso c del artículo 2. Allí se establece la posibilidad de "dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción".
De este párrafo, coincide la mayoría de los entrevistados, se habría valido ayer el secretario Moreno para decir: "En la ley de abastecimiento si el funcionario interviniente, que soy yo, percibe que un producto que está escaseando en el mercado es por impericia de los que están actuando al frente de la empresa, tiene la obligación legal de intervenir".
La decisión del Gobierno se desencadenó después de que Metrogas interrumpió el servicio a industrias con contratos de provisión en firme.
