Exportadores: les cambiarían el sistema de pago de las retenciones

El titular de la ONCCA (Oficina de Control Comercial Agropecuario), Ricardo Echegaray, tiene en estudio una reforma de la ley que define las normas que rigen el principal negocio del país: las millonarias exportaciones de granos y sus subproductos. Pretende que las cerealeras paguen retenciones por adelantado, al momento de declarar sus ventas, y no varios meses después, cuando finalmente concretan los embarques. El tema podría ser discutido hoy un en un encuentro del que participaría, según algunas versiones, el jefe de Gabinete, Sergio Massa.

Echegaray se reunió secretamenta el jueves con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales, que agrupan a firmas que exportan en conjunto por unos US$ 30.000 millones. Esas entidades venían levantando temperatura contra la ONCCA por las crecientes restricciones que el organismo impone sobre las exportaciones desde la creación del denominado "ROE Verde", una suerte de precario permiso de exportación. Allí les adelantó su iniciativa.

La ley a revisar es la 21.453, de octubre de 1976, firmada por el dictador Jorge Rafael Videla. Ese texto creó un registro de declaraciones juradas de exportación, en el que las cerealeras pueden declarar con anticipación sus ventas, para luego planificar con hasta un año de plazo el momento del embarque. Como hasta ahora el registro de una venta implica congelar tanto su valor como el monto de la retención a pagar, en los últimos meses ese mecanismo quedó en el ojo de la tormenta. Tanto que la ONCCA reclama ahora US$ 1.700 millones a las empresas por la diferencia que se generó ante las sucesivas subas de retenciones, de noviembre a esta parte. Incluso, ante ese conflicto, el Congreso crearía una comisión investigadora (ver página 8).

Según la visión de Echegaray, estas maniobras desaparecerían si las exportadoras pagaran las retenciones al momento de declarar su venta y no después, con el embarque. Así, el Estado no se vería perjudicado en el caso de que, en medio de ese proceso, se altere la estructura tributaria.

En una resolución de mayo, la 543, la ONCCA ya había dispuesto achicar el plazo establecido en el que las exportadoras podían anticipar sus ventas: lo redujo de 1 año a solo 45 días. Esta reforma prácticamente paralizó todos los negocios de exportación, la principal fuente de divisas del país. Las empresas argumentan que no es posible en tan escaso tiempo programar operaciones comerciales tan complejas como las agrícolas.

La Resolución 543, además, creó los ROE Verde. En ese sistema, los exportadores que concretan una venta y la declaran a la ONCCA deben esperar autorización del organismo para finalmente avanzar con el negocio. Esto, para los privados, ha sido letal para el mercado, ya que muchas veces la burocracia estatal demora varias semanas en habilitar cada negocio.

Los más perjudicados con esta situación han sido hasta ahora los productores, ya que los exportadores reducen los precios internos que les pagan por sus cosechas, para cubrir riesgos ante la posible cancelación de embarques. Así, los chacareros no pudieron disfrutar de los mayores precios de la soja que esperaban tras la derogación de las retenciones móviles.

Por Matías Longoni.