Exportaciones de cereales y una maniobra polémica

Es porque algunas empresas habrían aportado al Fisco menos dinero del que correspondía.

11deAgostode2008a las07:23

Perón decía que cuando no se quería resolver un problema, había que crear una Comisión Especial destinada a resolverlo. ¿Se cumplirán sus palabras que el Senado formó una Comisión para investigar el fraude con las exportaciones de cereales y oleaginosas que superan los US$ 1.700 millones?

Para anticiparse a aumentos de los precios y las alicuotas de las retenciones y apropiarse de manera irregular de la diferencia, los exportadores presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de mercadería que no tenían en stock ni habían comprado. Por este simple trámite, los exportadores congelaban el monto a pagar por las retenciones en base a la alícuota y el precio vigente al momento de presentarla. En total se trata de unas 24 millones de toneladas.

Los exportadores elevaron declaraciones por significativos millones de toneladas en un momento muy especial, el de las vísperas del incremento de las retenciones en la soja del 27,5% al 35%. Después repitieron el mecanismo, antes del porcentaje móvil que llegó a rozar el 50%.

Como era "vox populi" que las retenciones subirían y los precios también, el negocio era perfecto. Los exportadores adquirieron los cereales y las oleaginosas del valor del momento menos el 35%, 40% o 47% de retención, sobre el precio de productos que rondaban los 500 a 600 dólares la tonelada. Pero en la AFIP depositaron el 27,5% o el 35% sobre un precio de 300 a 400 dólares. No fue un perjuicio a productores, quienes abonaron el precio del mercado, sino al Fisco.

El que facilitó esta operatoria irregular primero fue el mismo Gobierno, a través de organismos, como la ONCCA y la Aduana. Luego fue perfeccionada en el Parlamento por el senador del Frente para la Victoria, el cordobés Roberto Urquía, dueño de la aceitera General Deheza. El legislador ocupó la titularidad de la Comisión Bicameral para el Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionaales y, al mismo tiempo, la conducción de la Comisión de Economías Regionales.

Tras el debate en torno a la Resolución 125 donde votó en contra de las retenciones móviles, Urquía renunció a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tras recibir una andanada de críticas porque habría sido protagonista de un "conflicto o colisión de intereses" por su condición de empresario aceitero y su postura en el conflicto legislativo. Especialmente por sus pares del bloque, que se sintieron defraudados, fue acusado de "inconducta política". El grueso de la oposición no planteó demasiadas objeciones formales.

Los hechos, tal como sucedieron, y la acusación contra las cerealeras estuvo a cargo del diputado Claudio Lozano, que mostró un listado de 22 compañías beneficiadas con la "defraudación fiscal". Esa acción había trascendido en noviembre de 2007 pero en la Aduana no verificaron las acreditaciones de compra de cosecha de las exportaciones que fueron saliendo. Para los acusadores hay, así, una "muestra de connivencia".

En esos días de crispante polémica, dentro y fuera del Congreso, el Gobierno Nacional, en distintos actos y a través de una campaña publicitaria argumentaba que las retenciones móviles facilitarían una mejor distribución del ingreso.

Los legisladores críticos adelantaron que no habrá, por la acción de las cerealeras, recursos para el Fondo para la Redistribución Social. La Cámara de la Industria Aceitera desmintió la acusación en una solicitada. Coincidentemente el ex diputado Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans concretaron tres abundantes recursos, con datos, planillas y estadísticas, para que la Justicia investigara las responsabilidades del Gobierno en el tema "cerealeras-exportadoras de granos", donde consideran que las acciones tienen "entidad penal más que suficiente". Según Monner Sans lo actuado

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