El Senado dio vía libre para la reestatización de Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas (Optar, Jet Paq y Aerohandling) volverán a ser del Estado. Eso es lo que sancionó el Senado ayer, tras una larga sesión en la que el kirchnerismo logró rehacer su holgada mayoría con un contundente 46 a 21.

Se llegó a ese resultado pese a las duras quejas de los opositores, que estaban de acuerdo con la reestatización pero advirtieron que toda la sociedad deberá hacerse cargo de los 890 millones de dólares de pasivos que deja la empresa privada española Marsans.

El oficialismo sumó a 7 de los 8 peronistas que habían votado en contra en el caso de las retenciones. Y también a los dos representantes del ARI de Tierra del Fuego. Y uno del Movimiento Popular Neuquino. Los tres radicales K no estuvieron en la sesión.

La nueva ley decide el "rescate" de las empresas "para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial", aunque no se sabe cuál es el valor de las empresas --cuyo patrimonio sería negativo, según asegura el Gobierno-- ni cuál es el monto real de la deuda: los números deberán ser determinados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y sometidos a la aprobación del Congreso.

Lo que sí se sabe es que, según denunció el Ejecutivo en los fundamentos de su proyecto de ley, la situación empresaria es terminal. Allí habla de "descapitalización voluntaria" (no usa la palabra vaciamiento), de "falta de cumplimiento de las condiciones de explotación de las rutas", de "maniobras" y "ardides" comerciales para confundir el patrimonio de Aerolíneas Argentinas y el de Austral. Sólo tiene 26 aviones en operación (de 85), de los cuales 5 son propios y el resto, alquilados.

Ante la cesación de pagos, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, firmó con Marsans un Acta Acuerdo para que las acciones pasen a manos del Estado. Entre otros puntos, decía que el Estado pondría un precio, la empresa otro, y si no había acuerdo habría un arbitraje inapelable de un tercero. Pero ese documento, que el proyecto original buscaba confirmar, fue extirpado del texto y ahora no se lo menciona.

Para algunos, la ley reforma el Acta Acuerdo. Pero para otros, esta última sigue vigente: es lo que permite que Julio Alak esté al frente de un "consejo de transición" que gerencia las empresas en nombre del Estado, y que el Estado ya haya invertido $ 309 millones para que Aerolíneas siga volando.

La fecha de vencimiento del Acta es el 30 de septiembre. Ese día debería cerrarse el acuerdo con Marsans. Pero hoy no hay diálogo entre la empresa y el Gobierno, y todo indica que, sin coincidencia sobre la valuación, se irá a la expropiación y los españoles podrían hacer juicio.

La vuelta al Estado se produce después de 18 años de que Aerolíneas fue privatizada por decreto, durante el gobierno de Carlos Menem. En ese lapso la compañía estuvo al menos dos veces al borde de la quiebra: en 2001 su primera propietaria, la estatal española Iberia, debió ceder las acciones a Marsans por el valor simbólico de 1 euro. España, a través de la SEPI, se hizo cargo de la deuda hasta ese momento. Sin embargo, también Marsans entró en convocatoria de acreedores en pocos años: los empresarios privados dicen que primero sufrieron las consecuencias de los atentados a las Torres Gemelas, en 2001, y ahora el alza del 309% en el precio del combustible y del 183% en la masa salarial, mientras las tarifas controladas subieron sólo 20%. También apuntaron al "permanente hostigamiento" de APLA, el gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas.

Lo cierto es que la nueva ley no termina con el problema, sino que apenas comie