El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con las subas en luz y gas

Con una sorpresiva medida que no pudo ocultar los signos de la improvisación, el Gobierno resolvió ayer ponerle un freno transitorio a los fuertes aumentos que se venían aplicando en las facturas de energía eléctrica y gas.

La decisión de dar marcha atrás con los tarifazos fue anunciada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, luego de mantener una extensa reunión con la presidenta Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. Después, De Vido apareció sorpresivamente en el Congreso.

Con el mismo ímpetu con el cual había defendido hasta hace pocas horas los aumentos a los clientes de consumos medios y altos, ayer De Vido salió a justificar el nuevo giro del Gobierno con el argumento de que la presidenta ahora está defendiendo "el interés de la gente y el derecho que tienen los argentinos a calefaccionarse en los meses de invierno".

La salida transitoria que adoptó el Gobierno consiste en la suspensión total de los aumentos que estaban previstos para la luz y el gas en los meses de junio y julio. Y una suspensión parcial del 70% de las subas para el período agosto-setiembre. Según los cálculos oficiales, esta medida tendrá costo fiscal de $ 493 millones por el restablecimiento de subsidios para los sectores eléctrico y gasífero.

La decisión fue tomada de apuro y contrarreloj al punto tal que los principales colaboradores del área energética de De Vido recién se enteraron de los cambios cuando el ministro comenzó a hablar con los medios radiales. Lo mismo les pasó a los funcionarios del ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) que al mismo tiempo en que De Vido daba a conocer la medida, ellos estaban coordinando con las distribuidoras las auditorías que se ordenaron para controlar la aplicación de los aumentos.

Más allá del doble discurso del titular de Planificación, lo cierto es que el Gobierno se vio obligado a ceder con el cobro de los aumentos por la incidencia de tres factores clave que no tuvo en cuenta a la hora de autorizar las subas a fines del año pasado.

En primer lugar, se encuentra el marcado reclamo de los usuarios residenciales que se vieron afectados por incrementos de hasta el 500% respecto a los valores que habían abonado por los servicios de gas y electricidad en el invierno pasado. En el caso del gas, las protestas arrancaron en la región metropolitana, pero después se extendieron a casi todas las provincias debido a que los mayores consumos invernales terminaron afectando a más hogares de los que estimaron los funcionarios al fijar los escalones de demanda que dieron pie a la aplicación del polémico "cargo extra-tarifario" destinado a cubrir las importaciones de gas de Bolivia y del GNL que llega por barco.

En segundo lugar, aparece el creciente proceso de "judicialización" registrado contra el aumento del gas. Tras las demandas que promovieron los usuarios y distintas autoridades municipales y provinciales, ya se acumularon casi 20 recursos de amparo que han frenado los aumentos a casi 500.000 usuarios. Lo debe definir la Justicia es si el cargo tarifario que se creó por decreto es constitucional o no.

Y el tercer elemento fue la presión de la oposición en el Congreso y el significativo cuestionamiento que planteó la CGT de Hugo Moyano, al advertir -en contraposición a lo que dijo el Gobierno- los aumentos también habían golpeado a "amplios sectores de los trabajadores".

 Por: Antonio Rossi.